EDITORIAL
Historia exhibe riesgo de opacidad en bonos
¿Cómo se seleccionará en apenas 20 días a esos 150 mil hogares beneficiarios?
Durante la campaña electoral de segunda vuelta, los dos partidos en contienda presentaron las transferencias de dinero en efectivo como una de las estrategias para atajar los problemas de pobreza y desnutrición. Cada uno con sus propias características descritas en mítines, foros y propuestas de gobierno en línea. En el caso del partido Semilla, planteaba el “rediseño y consolidación” de los programas de protección y asistencia a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), mediante la creación de “una base de datos para tener un registro único de beneficiarios”.
El reciente anuncio del presidente Bernardo Arévalo acerca de destinar Q150 millones en aportes económicos para familias de escasos recursos a partir de julio y durante seis meses, para paliar el alto costo de vida, desató un aluvión de cuestionamientos. Centros de investigación social, diputados de oposición y medios de prensa buscan respuestas claras acerca de los objetivos concretos de tal ejecución y los riesgos de que se convierta de nuevo en un botín clientelar, tal como ha ocurrido en anteriores gobiernos.
La cifra de Q250 para 50 mil familias del departamento de Guatemala y de Q1 mil para otras cien mil familias del resto del país pueden sonar necesarias e incluso urgentes en un escenario de pobreza crónica, pero también es obvio que resultará insuficiente y, por ende, surge la principal pregunta: ¿Cómo se seleccionará en apenas 20 días a esos 150 mil hogares beneficiarios? En el anterior gobierno, el partido Semilla fue fuerte crítico de las nóminas utilizadas por el Gobierno para el otorgamiento de ciertas ayudas. Por lo tanto, lo coherente debería ser brindar la base estadística y el cruce de datos empleado para asegurar que los fondos van a quien realmente lo necesita.
El Ministerio de Desarrollo ha tenido, paradójicamente, un subdesarrollo lesivo en el área de ejecución, cuentadancia y registro de beneficiarios. Hasta el momento, no se sabía prácticamente nada de la reorganización de listados o del “rediseño” de programas. Por tanto, es urgente para el Ejecutivo aclarar la metodología y los criterios de otorgamiento de la ayuda. Cierto es que existen alzas de varios productos, cuyas causas valdría la pena indagar para corroborar si son estacionales, si obedecen al atraso de la temporada de lluvias o si acaso entran en el campo de la especulación.
En esta confluencia de temas se hace fundamental el rol del Instituto Nacional de Estadística, entidad clave para esa investigación, procesamiento de datos, trazado de escenarios y demarcación actualizada de áreas de impacto de pobreza, con base en cruces de datos de sus encuestas y monitoreos con las nóminas del Mides. Solo así se podrá determinar cuáles son las áreas más necesitadas, la cuales no solo necesitan asistencia inmediata, sino que, sobre todo, requieren de condiciones y oportunidades reales y sostenibles para que por sus propios medios puedan desarrollarse y tener una vida más digna y justa. En estas circunstancias, entonces, el anuncio presidencial despierta expectativas en la población más vulnerable, pero sin claridad, y ante la obvia insuficiencia de los recursos destinados, ello puede convertirse en fuente de desgaste ante tal sector y dar más motivos para el escepticismo y resistencia de la oposición política, que no pierde espacio para criticar. Incluso los más moderados admiten la necesidad de ayudas de ese tipo, pero con todo y explicación clara de los mecanismos de acceso y los procedimientos para reducir atávicos problemas como la discrecionalidad, la opacidad o la politización.
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