Los dos años del Congreso presidido por el señor Allan Rodríguez fueron tiempo perdido: un período legislativo anodino enfocado en pactos acomodaticios y comidas opíparas sobre curules convertidas en merendero, una imagen totalmente opuesta a la parva producción de leyes útiles. Unos cuantos decretos y algunas normativas aisladas no hacen verano. Un carrusel de desidia, indiferencia y circunloquios politiqueros se sucedió para dejar abierto un agujero negro que se traga la esperanza de fortalecimiento institucional, específicamente en dos áreas cruciales para la democracia: la elección, a viva voz, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, atrasada ya por más de 30 meses y sin visos de que inicie, y el seguimiento a la discusión de reformas serias a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Poco se podía esperar de magistrados electos al borde de la pandemia, casi a escondidas, con una celeridad sospechosa, entre allegados al actual y pasado oficialismo, incluyendo exfuncionarios y excandidatos derrotados. Sin entrar a cuestionar la validez del título de doctorado del actual presidente del TSE —invalidado por la propia casa de estudios bajo cuyo sello se emitió—, la parsimonia en procesar una propuesta que diera paso a una iniciativa de ley coherente denota poco interés o insuficiente capacidad en el tema.

Ahora sale con el anuncio, obvio, de que ya no hay tiempo para que entren en vigencia posibles cambios para los comicios que se celebrarán dentro de 13 meses. Para suplir los hoyos, las contradicciones y las ambigüedades, plantea una solución que causa más preocupación que consuelo: el TSE emitirá reglamentos que no serán discutidos en el Legislativo.

Cabe cuestionar desde ya cuáles serán los criterios para tipificar y sancionar infracciones electorales, sobre todo por el peligro de discrecionalidades al peor estilo de la dictadura nicaragüense, que impidió mediante supuestas leyes la participación de candidatos opositores. La inclusión y la representatividad son prioridades irrenunciables que el TSE debe garantizar, a menos que la S signifique subyugado en lugar de Supremo.

El peligro de infiltración de dinero ilícito es mayor que nunca. La necesidad de controles para evitar la inscripción de narcocandidatos es inminente, precisamente porque ya ha ocurrido. El riesgo de reglamentaciones casuísticas, antojadizas o inconsistentes quedó abierto gracias a un combo de diputados incapaces de ver más allá de la conveniencia de sus agrupaciones y allegados, encabezados por los del partido oficial, apoyados por la UCN, que a estas alturas de la historia ya debería estar extinto por delitos electorales pero amenaza incluso con volver a postular candidatos.

Cuando el actual TSE fue presurosamente integrado en el 2020 podía parecer toda una exageración señalar como conflicto de intereses los vínculos politiqueros, las fidelidades al anterior oficialismo o compromisos de favores a cambio de votos. Pero a la luz de los resultados, se hace prácticamente inequívoco afirmar que el Tribunal Supremo Electoral se encuentra sujeto a los designios de viejas políticas. Siempre queda la esperanza de un cambio de actitud y de un giro estratégico hacia la transparencia. Podría comenzar instruyendo al Registro de Ciudadanos para que deje de negar información sobre el estado de las multas de sancionados en la campaña de 2019: son datos públicos que denotan el talante moral y situación legal de potenciales aspirantes.