Con el final de la campaña e independientemente del resultado, llega el plazo de silencio propagandístico durante el cual los ciudadanos meditan su voto de segunda vuelta para ejercer el derecho constitucional que a su vez les otorga la autoridad moral para exigir resultados, cumplimiento de ofertas, a la próxima persona que ocupe la presidencia de la República.

Como parte de la Encuesta Libre, desarrollada por la empresa ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión, se preguntó al final de cada una de las 1,201 entrevistas si la persona deseaba plantear una sugerencia al candidato que resulte electo, independientemente de su preferencia.

Más de 700 entrevistados accedieron a expresar esta opinión cualitativa que ofrece matices interesantes sobre las percepciones de la ciudadanía acerca del quehacer gubernamental y de las naturales expectativas sobre quienes se postulan, se promocionan, hacen ofrecimientos y llegan a dirigir del Ejecutivo.

Las peticiones de honestidad y cumplimiento de las promesas de campaña se repiten, con distintas palabras pero con similar vehemencia en las expresiones de los ciudadanos. Cabe mencionar que para la campaña electoral de 2003, Prensa Libre desarrollo un grupo focal con ciudadanos de distintas proveniencias, ocupaciones y sectores sociales, con una pregunta equivalente, y pareciera que el tiempo no se ha movido, que el desempeño de los funcionarios no ha evolucionado y que las demandas no han sido atendidas por los sucesivos gobiernos.

Los ofrecimientos de empleo, lucha contra la pobreza, mejoras a la economía, transparencia y combate de la delincuencia se mantuvieron en esta campaña, con muy pocas propuestas innovadoras y abundantes apelaciones a la emotividad. Sin embargo, a diferencia de hace tres lustros, los ciudadanos no solo están más informados, sino que poseen un espíritu más crítico ante las acciones de los gobernantes, incluyendo al saliente.

En otras palabras, la Nación se encuentra atenta y la luna de miel política se avizora corta para quien reciba la banda presidencial el 14 de enero de 2020, por lo que el prolongado proceso de transición deberá caracterizarse por la proactividad, calidad de propuesta y negociación política de planes y presupuestos, puesto que será con lo que arranque la nueva gestión.

Una de las principales circunstancias que marcará el relevo que arranca la próxima semana será el manejo del ambiguo acuerdo de tercer país seguro, que el Ejecutivo llama de otra manera y busca manejar como de simple cooperación, sin involucrar fondos, para eludir su paso por el Congreso de la República. A propósito de eso, un 82% de encuestados rechazó el plan, lo cual no debería ser pasado por alto por quien gane la elección del domingo, sobre todo si se toma en consideración la pasmosa cifra de 390 migrantes guatemaltecos detenidos por agentes migratorios en varias redadas desarrolladas en plantas industriales de Misisipi. No es solo una cifra más, son historias rotas, familias separadas, menores que se quedan en el desamparo y la incertidumbre, sin que se conozca una reacción firme, digna y asertiva del Gobierno para abogar por esos connacionales que buscaron en EE. UU. las oportunidades que no pudieron encontrar aquí. Es allí donde entra el papel de quien suceda al actual mandatario, para marcar una diferencia tangible con hechos y no con excusas.