La situación sin precedentes por la cual pasan Guatemala y el mundo a causa de la pandemia de covid-19 ha conducido a los gobiernos a adoptar medidas prácticamente impensables hace un semestre. Las restricciones de movilidad, el cierre de fronteras y la implementación de centros hospitalarios de emergencia se inscriben en una estrategia de contención sanitaria pero que aún deja espacios abiertos a la propagación si no se procede a aumentar la cantidad de pruebas para diagnosticar casos.

La Fundación para el Desarrollo, la Universidad de San Carlos y grupos de médicos, entre los cuales figuran prominentes facultativos de destacada trayectoria, han demandado mejor equipo de protección para el personal hospitalario y han subrayado la urgencia de adquirir más exámenes para la detección de pacientes infectados y asintomáticos, puesto que de nada sirve el prolongado enclaustramiento si a lo interno de los hogares continúa la propagación.

El presidente Giammattei no debe percibir como crítica este tipo de recomendaciones que solo buscan coadyuvar al combate de la enfermedad. Nadie puede gobernar solo ni tampoco puede gobernar únicamente a base de asentimientos o incluso adulaciones de un equipo cercano, pues ello entraña el riesgo de distanciarse de la realidad. No hay nada de malo en rectificar y en reorientar el rumbo, puesto que ningún país estaba preparado para la desafiante evolución del coronavirus. Es vano disputarse réditos políticos y es inadecuado prejuzgar propuestas según un espectro ideológico, puesto que todos estamos en una batalla sanitaria que ya ha impactado a la actividad económica en todos los estamentos sociales y son estas las consecuencias que se deben atender.

La extensión del veto a la locomoción y restricciones al comercio hasta el próximo 12 de abril son medidas dolorosamente necesarias, pero desde ya el Ejecutivo debe contar con una proyección de las necesidades alimentarias y de servicios que acarrea este freno a la actividad productiva, sobre todo si abarcan toda la Semana Santa, cuando miles de personas se agencian de recursos mediante la venta minorista en las calles y que no contarán con tal ingreso este año.

Los diputados al Congreso no pueden voltear hacia otro lado, como si esta inminente precariedad no existiera; aquellos que con vehemencia defendieron la negativa a otorgar facilidades o ayudas de pago por servicios esenciales deberían tener el valor de explicar su voto en persona a sus respectivos distritos, para darle la cara a los ciudadanos que los eligieron, para escuchar su aprobación o su reclamo. Así como lo hicieron en tiempos de campaña al abrazar niños y prometer maravillas, deberían enfrentar el peso de sus votos en el hemiciclo.

No existe solución perfecta al difícil proceso de recuperación económica por venir: se trata de algo inaudito, inesperado y extendido, pero urge la implementación de protocolos de atención alimentaria, de empleabilidad en ejecución de obra pública y las sinergias público-privadas para asegurar la sobrevivencia. De nada sirve una macroeconomía que aguante al embate de la pandemia si debajo de ella hay familias en penuria. El presidente debe tener la oportunidad de escuchar más voces académicas y técnicas, muchas disímiles, pero que a pesar de esas diferencias han llegado a tener puntos sólidos de acuerdo, los cuales no figuran en la capciosa ley de calamidad aprobada la semana anterior.