Resulta sintomático, pero también paradójico, que una de las puertas de salida terrestre del país tenga una seguridad tan endeble como para que un grupo de individuos pueda tomar por asalto la aduana y secuestrar a empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria, así como a los agentes policiales que supuestamente resguardan las instalaciones, pero en tan reducido número y sin protocolos de reacción inmediata que se encontraron prácticamente inermes ante la agresión.

Por otra parte, no es un secreto para nadie que esa región es escenario cotidiano del constante tránsito de mercaderías de contrabando desde México y que el combate de dicha práctica se ha reclamado desde hace décadas. Algunas acciones han sido emprendidas y ello genera obvios descontentos, no solo entre comerciantes individuales, sino sobre todo en los grandes promotores del trasiego ilegal, quienes desde las sombras se benefician de la competencia desleal, lucran con la defraudación fiscal y someten a industrias y vendedores legales a una guerra de costos insalvables, precisamente porque no pagan impuestos.

Hasta la fecha, las acciones de combate del contrabando se reducen a atrapar hormigas; es decir, la captura y detención de pequeños operadores, pero no se conoce de un solo cabecilla de estas estructuras de comercio traidor que haya sido aprehendido, procesado y condenado con rigor. Las causas de esta impunidad son múltiples y van desde amplias redes de influencia, poder de fuego y hasta conexiones con funcionarios venales, así como deficiencias procesales, entrampamiento de casos e incluso el apoyo de pobladores de escasos recursos que se convierten en una especie de muro humano.

La solución al contrabando va mucho más allá de la aplicación rigurosa de la ley, pero empieza por allí. No precisa de estados de Excepción, pero sí de una organización efectiva de las fuerzas de seguridad para reforzar cualquier operativo de confiscación y captura, puesto que de sobra son conocidas las reacciones vandálicas que siguen a los mismos.

Los hechos violentos suscitados ayer en las oficinas fronterizas de la SAT no deberían quedar en la impunidad. Si bien hubo una mediación para lograr la liberación de los retenidos, cabe remarcar que toda devolución de mercadería incautada es ilegal y entraña complicidad con el delito que se combate. Por otra parte, es evidente que el afán gubernamental de gastar recursos en equipo para vigilancia aérea y marítima resulta una inversión estéril si no son capaces siquiera de resguardar con los debidos refuerzos, los alrededores de un puente. Además, no es el único cruce aduanero que adolece de esta debilidad, y ello por no mencionar los más de 200 pasos ciegos plenamente identificados y totalmente desprotegidos.

Las cámaras empresariales del país se pronunciaron con vehemencia para repudiar la agresión contra policías y empleados de la SAT, pero sobre todo por la continuación impune de una práctica que le roba al fisco, es decir a todos los guatemaltecos, más de Q6 mil millones al año, pero que además causa pérdida de empleos y agudiza la pobreza, puesto que de la venta de productos contrabandeados, la mayor parte va a dar a bolsillos insondables, a la vez que se financian operaciones del crimen organizado. Es evidente que con el gobierno saliente ya no se cuenta, por tiempo y falta de resultados. Hará falta ver si el próximo vuelve a dejar indefensas las fronteras.