En el país existen múltiples necesidades y precariedades, pero entre ellas el actual gobierno puede priorizar un objetivo estratégico: la reinvención, reglamentación y ordenamiento del sistema de servicio civil, un desafío cuya consecución puede llegar a constituir un legado para la historia democrática. Crear normas claras, transparentes y objetivos de evaluación para todo empleado público ha sido un requerimiento relegado por todos los gobiernos, ya sea por incapacidad, desidia o, peor aún, la conveniencia de prolongar mecanismos clientelares de contratación que multiplican plazas para allegados de campaña, pero no por una necesidad real sino para pagar deudas de financiamiento electoral que llegan a ser lesivas para el erario.

Desgraciadamente, abundan los casos de personas contratadas para plazas temporales o fijas sin pasar por una supervisión de calidad técnica, aptitudes o requisitos de calificación académica. Esto lastra el funcionamiento del Estado, puesto que crece sin parar el presupuesto de funcionamiento, en menoscabo de los recursos destinados a inversión, una situación que se ve agravada por permanencias improductivas de burócratas que no pueden ser despedidos a causa de oscuros pactos.

La demagogia y el oportunismo politiquero han cargado sobre los tributantes, por décadas, el peso creciente de sueldos descontrolados de parientes, amigos y colaboradores de campaña. Este juego perverso de mediocridad y populismo ha sido perpetuado, prácticamente, en los tres organismos del Estado y las municipalidades, gracias a los vacíos de la desactualizada Ley de Servicio Civil y a la falta de acuerdos serios para frenar esta expansión vegetativa.

La organización laboral es un derecho que, en varios casos, ha sido distorsionado para convertirlo en pretexto para la protección de privilegios arbitrarios, contrataciones improcedentes y prebendas que constituyen un insulto a las grandes precariedades de un país como Guatemala. Pactos colectivos negociados entre sombras han llegado a invadir potestades que no les corresponden, pues llegan a impedir la evaluación de desempeño que garantiza el balance positivo de costo-beneficio de una plaza burocrática.

En este espacio se ha insistido en la necesidad de crear una nueva Ley de Servicio Civil que establezca nuevos parámetros para la adquisición, permanencia y cesación de talento humano en el Estado con base en criterios de eficiencia, necesidad y mística de servicio. El Congreso debe tomar en serio su papel y dejarse ya de rencillas cortoplacistas para enfrentar a la brevedad este objetivo de capital importancia. Sin embargo, no es el único factor clave para la modernización de la burocracia: hay reglamentos de contratación en cada ministerio que deben ser homologados y sometidos a normas de calidad internacional. La Procuraduría General de la Nación debe asumir un papel protagónico frente a las demandas laborales por parte de exburócratas que a menudo reclaman plazas, pese a haber sido trabajadores temporales, pero para ello se necesita contar con una política unificada de litigio.

¿Habrá quienes se opongan? Sí. ¿Habrá intereses clientelares que intenten entorpecer el proceso de cambio? Probablemente. ¿Constituirá la reinvención del servicio público un legado histórico? Sin duda alguna, y por eso debe ser prioridad. Todo sabotaje interesado dejará al desnudo a sus oficiosos patrocinadores.