Un nuevo escándalo sacude al Instituto de Previsión Militar (IPM), entidad autónoma creada en 1966 para resguardar los aportes y asegurar prestaciones al personal del Ejército. La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó al Ministerio Público una denuncia por posibles malos manejos de fondos que podrían abarcar hasta Q159.7 millones en activos y créditos. Desgraciadamente no es el primer robo que impacta a esta entidad, que hoy por hoy se encuentra prácticamente desfinanciada. Esto afecta a sus cotizantes, que deberían ser los primeros interesados en exigir deducción de responsabilidades civiles y penales, pero también al ciudadano que tributa, debido a ampliaciones presupuestarias otorgadas al IPM a cargo del erario.

Los hallazgos de la CGC son preocupantes, ya que abarcan préstamos no cobrados, funcionamiento de empresas de las cuales el IPM es socio inversionista pero no reportan utilidades, a pesar de que han recibido numerosos contratos de varias entidades del Estado. Así también se han adquirido inmuebles supuestamente destinados a alquiler pero se encuentran en desuso; también existen concesiones de usufructo, como el de la Torre de Estacionamientos, de la zona 1, que es manejada por una empresa particular pero sin que se declaren los ingresos por tal trato.

Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, las adquisiciones a empresas ligadas con el IPM ascendieron a unos Q23 millones. Los gastos fueron en explosivos e insumos para detonación, alquiler de espacios para el funcionamiento de dependencias ministeriales y para realización de eventos. Esto no constituye un ilícito, pero sí puede serlo la falta de reportes de ingresos en esas empresas.

Los reportes deficientes de ingresos y ganancias de varias de estas firmas vienen desde hace décadas, sin que exista ningún proceso para transparentar su funcionamiento. El Ministerio de la Defensa sistemáticamente ha respondido que no tiene ninguna injerencia en el IPM, por ser este un ente autónomo. Pero dados los costos que sus pérdidas han representado para la ciudadanía, debería ser momento de establecer controles reales de ingresos, egresos, inversiones y sociedades. En tiempos de facturas electrónicas, las actividades comerciales de toda sociedad anónima conexa al IPM debería tener un monitoreo similar al de cualquier otra compañía.

En el 2001, durante el gobierno de Alfonso Portillo y el infausto Frente Republicano Guatemalteco, el IPM hizo una dudosa inversión de unos US$33 millones en una entidad llamada Pension Fund of América, que a su vez los invirtió en el banco Lehman Brothers, que quebró en 2008. Entre el 2009 y 2015 se lograron recuperar US$25 millones, pero del resto no se sabe nada. En 2011, uno de los documentos de Estados Unidos filtrados por WikiLeaks reveló un informe acerca de los temores del uso del IPM para corrupción y lavado de activos.

Hará falta ver con qué celeridad actúa el Ministerio Público en este caso y si se logra poner nombre a las irresponsabilidades que entraña el avieso manejo de Q159 millones. Si por otros casos con montos menores ha emprendido persecuciones denodadas, la denuncia contra el IPM debería conducir a sentar precedentes ejemplares. Claro, a menos que este asunto se empantane de manera parecida a las pesquisas por la compra de vacunas rusas, las maletas con Q122 millones o el fraude de Q64 millones por la compra de equipo en el hospital de Chimaltenango.