Una cosa es hacer la declaración lírica de Guatemala como Capital provida y familia, con todo y monumento dorado, pero es totalmente otra enfrentar con seriedad y coherencia las causas de la desintegración familiar debido a la migración, el desempleo, la muerte de infantes por desnutrición o de mujeres por violencia intrafamiliar, además de contrarrestar la criminalidad que destruye hogares, sobre todo a través de asesinatos ordenados por extorsionistas desde prisiones, dolorosos hechos que la administración de Giammattei no ha querido o no ha podido frenar.

Durante el acto efectuado ayer en la Plaza de la Constitución se presentó con pompa el decreto 18-2022, denominado “Ley para la protección de la vida y la familia” (LPVF), que pretende regular y limitar a una visión confesional la educación sexual, así como el concepto de familia, una tipificación hecha con anteojeras que deja fuera los hogares uniparentales —hoy tan comunes debido a la migración o el abandono de alguno de los padres—, o aquellos en los cuales el papel de paternidad es asumido por abuelos, tíos o hermanos con mayoría de edad, entre otras limitantes.

Expertos constitucionalistas encuentran, desde una primera lectura, con avezado criterio, amenazas a los derechos de acción, de conciencia y a la libertad de expresión. Conociendo las volubilidades del oficialismo actual, heredadas del antecesor y aliado, no sería extraño que se intente utilizar las ambigüedades con dobles raseros y con intenciones de censura a personas y entidades críticas. Se ha visto en regímenes como el nicaragüense, que se valen de argumentaciones dogmáticas para condenar a opositores y consolidar autoritarismos que invocan a Dios como un recurso retórico pero desprovisto de testimonio concreto.

En efecto, durante la presentación, uno de los oradores, perteneciente a una iglesia evangélica, fue rotundo al indicar que la postura provida va más allá de adversar la contracepción y el aborto: implica brindar salud preventiva, educación de calidad y combatir la desnutrición infantil. Algo más acotaron los representantes de la Iglesia Católica, aunque de una forma críptica y más bien atenuada, en lugar de reclamar políticas integrales e íntegras que verdaderamente mejoren la vida de todos los guatemaltecos, sobre todo quienes están en situación de pobreza.

La ley PLVF fue producto de una iniciativa que venía arrastrándose desde 2018, varios de cuyos ponentes ya ni siquiera figuran en el hemiciclo por no haber sido reelectos, debido al rechazo ciudadano. De manera repentina fue retomada por la actual legislatura, que no ha sido capaz de pasar otras normas de capital importancia para promover mejores oportunidades económicas para las familias guatemaltecas y que hace apenas dos semanas fue incapaz de aprobar un punto resolutivo para cuestionar el desabasto de medicamentos en los hospitales, lo que también atenta contra la vida y las familias.

Es obvio que el variopinto pacto oficialista no contó con un adecuado criterio constitucional que de inmediato habría detectado los aspectos en los cuales se sobrelegisla; es decir, se intenta crear una norma sobre algo que ya está normado, o bien se busca coartar un derecho plasmado en la Carta Magna. Ayer mismo, la Asociación la Familia Importa (AFI), fiel defensora del derecho a la vida desde la concepción, emitió un comunicado en el cual alerta de posibles inconstitucionalidades que a la larga hacen más daño que bien a su causa, por lo cual pide al mandatario vetar y devolver al Congreso la LPVF.