Aprobada en diciembre del 2020 por el Congreso de Estados Unidos, la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte establece la elaboración de una lista que identifique a “actores corruptos” o personas que socaven la democracia en la región como condición para el otorgamiento de ayuda financiera en su presupuesto. Es más conocida por el apellido de su ponente, el congresista Elliot Engel, un demócrata proisraelí y uno de los halcones de la geopolítica estadounidense por tres décadas, quien se retiró justo después del aval a dicha norma. Apenas siete meses después, en julio del 2021, el Departamento de Estado develó la primera lista negra de operadores políticos, jueces y diputados señalados de socavar la justicia en Guatemala, El Salvador y Honduras. Ayer fueron añadidos 16 guatemaltecos.

A pesar de los subterfugios retóricos urdidos por asesores, aliados, netcenteros y los propios señalados para menospreciar el impacto de quedar indizado, se trata de una medida de mediano y largo plazo, cuyo verdadero efecto se acentuará con el paso de las semanas, los meses y también los cargos. Las sanciones contempladas en el papel se irán consolidando, y aunque hoy por hoy existe la percepción de que nada más ocurre, ya hay cierta retracción de los perfiles y pronunciamientos de varios de los señalados. Además, está abierta la posibilidad de una ulterior designación bajo la ley Magnitsky, que convierte en parias financieros a quienes se les aplica. Originalmente creada contra figuras terroristas, tal ostracismo de toda entidad bancaria con intereses, socios, oficinas o fondos vinculados con EE. UU. se ha extendido contra individuos señalados de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, incluyendo a guatemaltecos.

Obviamente, estar en la lista negra de EE. UU. no es una declaración de culpabilidad dentro de Guatemala, pero sí una severa sanción desde los intereses de la potencia del Norte en donde viven tres millones de connacionales cuyas remesas sostienen la estabilidad económica que presume el Gobierno. El presidente Alejandro Giammattei Falla califico la nómina en septiembre del 2021 como “una falta de respeto hacia las relaciones internacionales”, cuando fue incluida la fiscal general Consuelo Porras, a quien decidió reeligir en mayo último.

Ahora se suman nombres como como el del fiscal Rafael Curruchiche, cercano a Porras y actual cabeza de la Fiscalía Especial contra la Impunidad; la exdiputada del PP y directora del llamado Instituto de Atención a la Víctima, Alejandra Carrillo, señalada en el caso Comisiones Paralelas 2020 y quien ha utilizado la Ley contra el Femicidio para acallar a críticos; la diputada Sofía Hernández, exvicepresidenta del Congreso, quien visitó en un sanatorio al operador político Gustavo Alejos —incluido en la lista desde el 2021— y electa por la UCN, en proceso de supresión y aliado del oficialismo pese a los señalamientos de narcofinanciamiento y a la condena de 15 años contra su fundador Mario Estrada, confeso de narcotráfico. También figuran Estuardo Gálvez, exrector de la Usac; José Benito, exministro de Comunicaciones; dos magistrados, un juez y particulares acusados de sobornos.

Aún para los más acérrimos críticos de la lista Engel, la inclusión de 36 guatemaltecos en un año constituye un hecho sin precedentes y de largo plazo, dado el carácter bipartidario del acuerdo que llevó a su aprobación. Su primer efecto es vetar cualquier visado, pero las más fuertes consecuencias sin duda están aún por verse.