Rompe el alma, literalmente, escuchar los testimonios de personas cuya vida se ha visto desafiada por padecimientos neurológicos o psiquiátricos como epilepsia, ansiedad o depresión. Estos pacientes ya están diagnosticados y simplemente necesitan medicamentos para reducir los síntomas de tales cuadros, algo que no disminuye de ninguna manera su dignidad y su potencial para el desarrollo. Sin embargo, al acudir a solicitar los fármacos a hospitales públicos les dicen que no hay y les dan una receta para que los compren con un dinero que no poseen.

La pandemia desnudó carencias del sistema hospitalario y de la burocracia en general, al punto de que también se convirtió en excusa de disfuncionalidades, entre ellas el aprovisionamiento de insumos para tratamientos ajenos al covid-19. Esto no solo ocurre en el campo de la salud mental, sino también en otras áreas clínicas, como los 200 niños que están a la espera de cirugías de trasplante de riñón, las cuales se han aplazado a causa de las restricciones sanitarias y la concentración de recursos en el combate del virus, aunque vale decir que también aquí hay constante escasez.

Son absurdos y prácticamente superados los prejuicios que pesaron durante demasiado tiempo sobre la atención psicológica o psiquiátrica, lo cual inhibía la búsqueda de ayuda. Quizá persistan algunos, y es necesario insistir en su erradicación. Sin embargo, todavía se subestima y se relega la prestación de atención emocional y terapéutica a los guatemaltecos, una prioridad que se ha acentuado —mas no por ello atendido— con los meses de tensiones, temores, lutos, pérdidas de seres queridos y penurias económicas acarreadas por la crisis pandémica.

Mientras se reporteaba ayer una nota sobre la falta de medicamentos en el Hospital de Salud Mental Carlos Federico Mora, nuestros reporteros atestiguaron los momentos en que dos personas sufrieron episodios de convulsiones porque no han podido adquirir sus medicinas, las cuales están agotadas desde hace meses en la farmacia de ese centro: una agonía que les golpea en más de una forma, pues su agravamiento interfiere con su vida cotidiana, laboral, familiar e incluso con su propia autoestima. Ellos reafirman su deseo de vivir y superarse, pero se topan con la incapacidad administrativa gubernamental.

Las cifras en sí mismas son desalentadoras: existen unos 250 psicólogos dedicados a la atención clínica en el Estado, pero la demanda de este servicio puede abarcar hasta a siete de cada 10 guatemaltecos. Si un paciente necesita medicación, solo existen 30 psiquiatras a nivel estatal y están concentrados en áreas urbanas. Padecimientos como ataques convulsivos pueden estar más vinculados con la especialidad neurológica, pero por las mismas limitaciones del Estado terminan siendo atendidos en el Hospital Federico Mora.

Finalmente cabe señalar una amarga ironía, que tiene visos demenciales originados por una dolosa indiferencia ante la realidad ajena: mientras varios guatemaltecos hacen fila en vano, con la angustia de no contar con un tratamiento vital, el Congreso se gastó Q23 mil 880 en 160 banderas para “celebrar” a la patria. Mientras una madre llora por no poder adquirir las pastillas que controlen su epilepsia, el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, obsequió a título personal 160 cajas “conmemorativas del Bicentenario” —pagadas con recursos públicos, a un costo que todavía se desconoce—, y eso solo por mencionar dos de los muchos gastos suntuarios existentes.