El país se encuentra a 30 días del cambio de autoridades de gobierno y ello ha quedado confirmado oficialmente por el amparo definitivo otorgado ayer por la Corte de Constitucionalidad (CC) en favor de la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo durante el proceso electoral 2023, para lo cual conmina —nótese el verbo— al Congreso y su Junta Directiva a cumplir con la citada acreditación “conforme a los decretos de oficialización y validación de resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral”.

Desde el 7 de octubre, cuando se otorgó un amparo provisional a favor de la petición de garantizar la continuidad democrática, promovida por dos abogados, han ocurrido sucesivos anuncios de señalamientos, solicitudes de desafuero, entre estos de cuatro magistrados electorales, y hasta las propuestas recientes de algunos fiscales de anular todo el proceso electoral 2023. La resolución de la CC es clara al indicar que las pesquisas pueden continuar y, en efecto, deben hacerlo, en el marco del estado de Derecho y de protección absoluta al respeto de la voluntad ciudadana de la cual emana la soberanía de la nación.

Ante inferencias de tipo legal acerca de los efectos de investigaciones y señalamientos sobre la toma de cargos ganados por miembros del próximo partido oficialista, la CC invocó los principios de legalidad, alternabilidad en el ejercicio del poder y cumplimiento de mandatos constitucionales para instruir al Congreso que, “imperativamente, la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se lleven a cabo el 14 de enero de 2024”. El punto 2 también es importante, al instar al presidente de la República a “promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso”.

Es preciso resaltar el papel fundamental de defensa de la democracia que asume la CC con esta resolución. Al igual que en 1993, cuando el autogolpe de Jorge Serrano Elías amenazaba con aniquilar la institucionalidad, esta vez el análisis jurídico constitucional busca “proveer de certeza”, “salvaguardar el orden constitucional” y el “estado constitucional de Derecho en Guatemala”, palabras mayores en un contexto de inestabilidad que le ha costado muy caro al país en términos económicos muy concretos, pero que podría ser peor si persistieran las incertidumbres sobre el relevo de mando, lo cual transgrediría el amparo otorgado.

El acompañamiento y observación internacional por parte de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de numerosos países amigos constituye un apoyo de suma trascendencia para que prevalezcan las garantías ciudadanas universales y constitucionales, en especial la de Libre Emisión del Pensamiento, el debido proceso y el respeto al sufragio de la ciudadanía.

Con la vista puesta en el porvenir y a la luz de la resolución de la CC, es imprescindible que las próximas autoridades del Ejecutivo busquen vías para continuar el diálogo y el seguimiento de políticas, planes y proyectos con el Gobierno saliente. Por su parte, el presidente Alejandro Giammattei ha dicho repetidas veces que entregará el cargo y que favorece el traspaso. Caso contrario es la cerrazón del Congreso saliente, en torno al presupuesto 2024, criticado por sus desvaríos, clientelismos y manipuleos oportunistas. Una de las mejores muestras de buena voluntad del mandatario para la entrega de mando sería vetar el plan de gasto, por lesivo y antitécnico.