La situación de Venezuela constituye una de las mayores paradojas mundiales: una descomunal riqueza petrolera frente a un dramático desplome de la calidad de vida y un estancamiento total de las expectativas de desarrollo humano causadas por nocivas prácticas gubernamentales que comenzaron, dos décadas atrás, con incipientes muestras de intolerancia, prepotencia y derechos coartados, que inexorablemente condujeron al estado actual de ese país.

El gobierno de Nicolás Maduro continúa escudándose en socorridos argumentos de soberanía para mantener su régimen de sangre y fuego, acuerpado por escuadrones paramilitares supuestamente ajenos al Gobierno pero que funcionan para los perversos fines de reprimir las exigencias de una amplia base de población hastiada de vivir en penuria, sin alimentos ni medicinas. Tan lamentable estado de cosas quedó evidenciado en el reciente informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien denunció el atropello reiterado a las garantías ciudadanas, cuya más lamentable expresión ha sido el asesinato de miles de personas por parte de las fuerzas de seguridad y grupos ilegales armados.

Cabe hacer notar que la base para tantos abusos ha sido la erosión de la institucionalidad desde diversas maniobras legalistas que, en el fondo, conspiraban contra las libertades fundamentales: libre expresión, libre empresa y libre decisión electoral. La reciente liberación de más de 75 presos políticos como supuesta muestra de buena voluntad no constituye un atenuante, sino, por el contrario, confirma las sospechas de que toda oposición al régimen chavista ha sido objeto de censura y represión. Uno de los datos más reveladores es el de siete mil personas asesinadas por supuesta “resistencia a la autoridad”, en una aplicación sumaria de leyes casuísticas, hechos que el gobierno venezolano niega o atribuye a una defensa legal.

Ningún régimen, bajo ninguna ideología extremista de uno u otro signo, puede justificar la agresión armada directa contra la población civil, como ha ocurrido sistemáticamente en este país sudamericano que, no obstante los reiterados y evidentes excesos de fuerza, niega cualquier criminalización de policía o ejército, en una postura que contradice la supuesta actitud de apertura del Gobierno.

Las dolorosas lecciones que deja el caso venezolano aplican para cualquier país en el cual se intente instrumentalizar la intolerancia. Todas las transgresiones documentadas por los medios de comunicación comenzaron con amenazas y conatos que parecían aislados, inconexos, casi casuales. El extinto caudillo Hugo Chávez emprendió una campaña de asedio, ahogo y confiscación de los medios de comunicación críticos, así como un sistemático ataque contra los empresarios que adversaban sus políticas populistas, hasta llegar a la destrucción del aparato productivo. Es por ello que se necesita una ciudadanía atenta, digna e informada que exija resultados a las autoridades electas, así como una prensa en constante cotejo de la coherencia del manejo de los recursos públicos. Así también se requiere de sectores sociales que no busquen lavarse las manos de la realidad política e institucional, pues esto equivale a una complicidad. El informe de la ONU concluye que se necesita un reencauzamiento de la democracia de ese país, sobre nuevas bases que garanticen elecciones libres, libres de presiones y sesgos, lo cual implicaría una actitud de contrición, actualmente inexistente, de parte del gobierno madurista.