El pueblo ya no es cándido ni se debe confundir su respeto a las autoridades y su noble confianza en la institucionalidad constitucional con un permiso para las tropelías de quienes integran un pacto oficialista solo comparable a la denominada “trinca infernal” que fue depurada en 1993 a causa de sus componendas, negocios y traición a los electores, con la excepción de que hoy hay más grupos involucrados, incluyendo un evidenciado narcopartido. Es notorio y dispara alarmas el rápido trámite que —sin discusión ni evaluación ni análisis serio— lleva actualmente en el Congreso la iniciativa 6141 que el oficialismo busca convertir en la nueva ley de contrataciones sin agotar todas las instancias de diálogo; peor aún, sin escuchar a nadie, excepto la tácita orden del ponente.

La subordinación de poderes del Estado ha sido negada repetidamente por presidentes de organismos, pero las acciones constituyen la negación de aquella negación. El rumbo de la 6141 evidencia el sometimiento, en este caso del Congreso, a los designios del presidente del Ejecutivo. El 16 de septiembre, un domingo para más señas, fue enviada al Congreso la mencionada iniciativa por parte del Gobierno: una normativa de trascendentales implicaciones para asegurar, o no, la calidad del gasto público.

La ley vigente tiene 30 años, y surgió precisamente a raíz de los descontroles previos; por eso mismo ha tenido al menos 10 reformas, siempre con el afán de generar espacios de transparencia y atajar las discrecionalidades. Ha habido otras iniciativas para su replanteamiento integral, pero no han avanzado y quedaron relegadas precisamente por conflictos de intereses y una implícita resistencia a la cuentadancia.

La usual parsimonia legislativa se convirtió en oficioso resbaladero. La iniciativa fue enviada el domingo 16 de septiembre, y le fue asignado el número 6141. El pleno la conoció el 21 de septiembre, y la envió a la Comisión de Finanzas para su análisis, un proceso que amerita audiencias públicas y recomendaciones de centros de análisis, así como especialistas en gobernanza, administración e información pública. Sin embargo, la comisión devino en oficina de trámites y le dio dictamen favorable apenas cinco días después, el 26 de septiembre. Es imposible que hayan analizado 139 artículos en dos días hábiles, lo cual denota afán por legalizar el clientelismo, el dispendio y la discrecionalidad.

El dictamen tiene cien páginas, pero solo un cuadro de cambios respecto de la norma vigente, mas no una evaluación crítica ni una sola observación de los 15 de 21 diputados que la avalaron. No están sus nombres. Dos días después, el pleno aprobó en primera lectura la 6141, lo cual denota sometimiento acrítico y exclusión de la sociedad civil sobre tan grave asunto.

El aumento arbitrario en montos de gasto y el permiso para inflar gastos de supuesta emergencia son un ardid para congraciarse con alcaldes en pleno año preelectoral. Subir montos para eliminar la obligación de licitar y cotizar es otra de esas licencias para el saqueo. Si actualmente se burla el mínimo de Q90 mil para compras directas, con la 6141 ese techo desaparece y con él la posibilidad de auditoría. No obstante, aunque la politiquería subestime la inteligencia del ciudadano, el oficialismo y adláteres tendrán en las urnas su respuesta a despropósitos como este. Lo correcto sería devolverla a la sala de trámites y abrir la discusión pública y técnica.