En los últimos meses, ciertos diputados, bancadas y hasta presidenciables se han ufanado de haber presentado o avalado iniciativas de ley cuya verdadera finalidad está encaminada a ganar la avenencia de ciertos sectores mediante aumentos y beneficios económicos por decreto cuya fuente de financiamiento no queda clara pero es seguro que no corre a cuenta de los legisladores, sino del erario; es decir, a costa de la ciudadanía.

Es obvio el interés electorero que mueve varias de esas propuestas, entre las cuales se encuentran incrementos a jubilaciones y pensiones, asignaciones económicas a personas de la tercera edad, variantes de programas asistencialistas, restricciones a intereses de crédito y aportes dinerarios a instituciones de servicio. Es cierto, se trata de sectores que requieren de ayuda y puede resultar oportuno revisar el apoyo humanitario que reciben, pero enmarcado dentro de una visión coherente y sostenible.

Lo lamentable es que tales necesidades sean instrumentalizadas demagógicamente por diputados que en los tres años anteriores poco o nada hicieron en referencia a los mismos, pero ahora, con la vista puesta en el voto, los reviven oficiosamente, lo cual es aún más irónico si se toma en cuenta que varios ponentes son tránsfugas que inescrupulosamente traicionaron a sus electores del 2015, por lo cual sus discursos pierden crédito.

Dentro de este mismo cuestionamiento figuran propuestas que esconden restricciones a la libre emisión del pensamiento bajo pretextos moralistas que, de llegar a ser aprobados, bien podrían equipararse con la censura inquisitorial del siglo XVII y por lo tanto resultarían abiertamente inconstitucionales.

La Constitución misma protege la vida desde su concepción y, por lo tanto, esos legisladores bien podrían ocuparse en generar mejores leyes para asegurar la nutrición prenatal, la educación preescolar y declarar una guerra total a la desnutrición crónica mediante una mejor elaboración del Presupuesto. Cabe recordar que los actuales diputados han llevado al Organismo Legislativo a la era de mayor descrédito; evidencia de ello es el 93% de ciudadanos que desconfía de ellos, según los datos de la más reciente Encuesta Libre. Es lógico que aquellos que buscan la reelección, por lista nacional o distrital, quieran generar una imagen de supuesta proactividad y aprovecharla en su propaganda, lo cual evidencia su desinterés previo por los problemas nacionales ingentes.

De ser genuina su preocupación, los diputados ya deberían haber avanzado en la discusión y aprobación de normas urgentes para replantear el Estado, combatir la corrupción y agilizar el desarrollo de infraestructura. Falta, por ejemplo, una eficiente Ley de Servicio Civil para frenar el nepotismo y las contrataciones clientelares. Otra norma urgente es la que viabilice la realización de proyectos viales bajo la modalidad de cooperación pública y privada con sentido social. Así también hace falta la formulación de una ley de aguas. Y no menos importante resulta la aprobación de normas de protección a la niñez, para transformar las acciones de albergue y combate al maltrato, que hasta ahora funciona en obsolescencia.

Por si fuera poco, la mayoría de diputados no se presenta a laborar porque se concentra en la campaña política. Su mejor publicidad debería ser la coherencia entre discursos y acciones, la cual obviamente no existe para aquellos que se promocionan bajo argumentos farisaicos.