Fue un octubre como este, pero de hace 40 años, en que sobre la avenida Elena y 14 calle de la zona 1 individuos atacaron a balazos el vehículo en que viajaba la periodista Irma Flaquer, acompañada de su hijo, quien resultó gravemente herido. A ella le pusieron una capucha en la cabeza y se la llevaron con rumbo ignorado. Nunca más se supo de su paradero. Flaquer era crítica de la represión del gobierno de Fernando Romeo Lucas García en contra de estudiantes, periodistas, intelectuales y opositores políticos. Había documentado cadáveres lanzados al río Motagua y reclamaba la pacificación del país para evitar más violaciones a los derechos humanos.

Se presume que fue por esta labor informativa y el reclamo constante de libertad de expresión que fue secuestrada y desaparecida. El Gobierno atribuyó el hecho a grupos insurgentes, pero nunca investigó lo sucedido. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico registró el caso como desaparición forzada y se convirtió en la primera denuncia que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó, en 1997, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2009, el Estado de Guatemala asumió la responsabilidad por la desaparición.

Prensa Libre tampoco escapó de la violencia. En 1970, nuestro subdirector Isidoro Zarco Alfasa fue asesinado a inmediaciones del estadio Mateo Flores. En 1982, otro de los fundadores, Álvaro Contreras Vélez, estuvo secuestrado durante seis meses, y en 1983 fue plagiado el director Pedro Julio García. El caso más reciente fue el de Danilo López, corresponsal de Suchitepéquez, asesinado en el 2015. Por este caso se encuentra preso y procesado el exdiputado Julio Juárez.

En Guatemala, el más reciente caso bajo la sombra de la intolerancia a la labor de informar fue el extraño asalto y posterior arresto del periodista Sonny Figueroa, quien días antes había publicado una nota sobre el Centro de Gobierno. Figueroa fue fotografiado y grabado en video en la carceleta de tribunales, material que fue distribuido por varios perfiles apócrifos de redes sociales. El juez declaró falta de mérito y ordenó investigar el actuar policial.

Desafortunadamente, a lo largo del continente persisten agresiones, intimidaciones directas o veladas, y asesinatos de periodistas, según ha denunciado la SIP durante su 76 Asamblea, desarrollada en línea, debido a la pandemia. En varios casos se sospecha de la participación de agentes del Estado, pero también existe intervención de grupos del crimen organizado y mafias. Por ello la SIP lanzó la campaña Lápices Inmortales, de la cual Irma Flaquer es uno de los rostros emblemáticos.

La intolerancia gubernamental es preocupante, debido a estrategias de descalificación, desgaste y ahogo económico. Nicaragua, dominada por la dictadura de Daniel Ortega, es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando el balance democrático es copado. Lo mismo puede decirse de Venezuela y Cuba, en donde priva un totalitarismo mediático. Es por ello que el reclamo de la SIP por garantías de libertad de prensa resulta más actual y vigente que nunca. No hay posibilidad de democracia si se coarta la libertad de emisión del pensamiento. No hay democracia si se veda el acceso a las fuentes informativas bajo cualquier pretexto. No hay democracia si se hostiga a los comunicadores, aunque cabe decir que la garantía de libre expresión —que tanto escozor causa en políticos, funcionarios y diputados de turno— no solo es de los periodistas, sino de cada ciudadano, y por eso se debe defender tanto o más que hace 40 años.