De entrada reiteramos el sentido de respeto a cada autoridad que preside una judicatura, sobre todo en el ámbito físico de la misma durante el desarrollo de diligencias. Así ha sido y lo seguirá siendo como parte de los procedimientos profesionales de reporteros, fotógrafos y camarógrafos de Prensa Libre y Guatevisión. No obstante, los tribunales de justicia son entes estatales y, por ende, fuentes de información pública sobre diversos casos y procesos, especialmente aquellos que vinculan a personajes públicos, intereses nacionales y rubros de interés ciudadano. La crónica tribunalicia es una más de las áreas del diario devenir, sobre las cuales lectores y audiencias tienen derecho a estar informados.

Por supuesto, existen disposiciones, como la declaración de reserva de casos emitida por jueces para proteger a testigos, evitar la fuga de potenciales señalados o para mantener la integridad del proceso. A veces tal ocultación de datos sobre pesquisas o diligencias puede llegar a parecer reñida con la transparencia de los actos públicos, pero igual se respeta por motivos legales y éticos.

Respecto de las restricciones sanitarias vigentes desde hace más de dos años en todas las dependencias públicas, tampoco hay confusión, conflicto y mucho menos cuestionamiento. Se trata de protocolos de bioseguridad fijados para el bien común. Nuestros reporteros han continuado el trabajo cotidiano con el equipo de prevención necesario, constante monitoreo y desinfección, dentro y fuera de la redacción. La pandemia ha golpeado a todo el país y el desafío aún no termina, por lo cual el personal periodístico respeta las disposiciones preventivas de empresas, dependencias públicas y, claro está, tribunales.

Por ello resulta precipitada la aprensión del juez suplente Edwin Ramírez Ventura, provisionalmente a cargo de la Sala de Mayor Riesgo D, cuya titular dimitió. Ayer, en la audiencia del caso Rancho Bejuco, por una masacre ocurrida en Baja Verapaz en 1982, el juzgador limitó el acceso de periodistas, por aforo. Eso se entiende perfectamente, mas no la advertencia ambigua que vino después.

“Que no haya ninguna interrupción en cuanto al desarrollo de las audiencias porque hay publicaciones que se pueden estar tergiversando y por eso se está grabando dicha audiencia”. Luego pidió “respeto y decoro”, y cerró, diciendo: “Si hay alguna anomalía y que no haya disciplina, estoy en la facultad, y está presente el MP, para iniciar un proceso de oficio por algún delito que se considere que se puede infringir. La Ley de Acceso a la Información Pública se respeta, no se les está vedando ningún derecho, pero sí necesitamos respeto y decoro”.

Ojalá no se trate de un conato de intolerancia o un alarde con miras a agradar a otras esferas. El artículo 35 constitucional, la Ley de Emisión del Pensamiento y la Ley de Acceso a Información, no dependen de criterios puntillosos: son garantías ciudadanas. La Sala D lleva casos paradigmáticos como el de Comisiones Paralelas 2014 y 2020, en el cual están señalados nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deberían abstenerse de participar en la designación de titular de ese juzgado. Es vital informar sobre el avance de procesos como Construcción y Corrupción, Odebrecht, Financiamiento de FCN-Nación, Libramiento de Chimaltenango y los Q122 millones del exministro José Luis Benito, caso en el cual un testigo aludió al presidente, quien no está señalado, según aclaró la ahora exjueza Aifán días antes. Es claro que estos procesos son de interés nacional y se debe informar sobre sus avances sin cortapisas.