En 75 días deberán asumir los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones, una elección cuyo ciclo coincidió esta vez con el de los comicios generales. El proceso de integración de postuladoras se encuentra en marcha, pero es sujeto ya de varios señalamientos. Para agravar la desconfianza, la selección final de futuros magistrados será ejecutada por una de las legislaturas más cuestionadas, prueba de lo cual es el rechazo a la reelección de dos tercios de los actuales diputados. Estos congresistas salientes no tendrán prácticamente nada que perder, pero sí muchas posibilidades de incidir en la designación de la nueva cúpula del sistema de justicia y no necesariamente por altos ideales.

Las comisiones de postulación de magistrados, que apenas cumplen una década de haberse instituido, resultaron un remedio igual o más caro que la enfermedad que se buscaba erradicar. Se quería contrarrestar la infiltración de poderes paralelos, cortar los tentáculos de los mercaderes de influencias y darle un fuerte peso a factores como competencias académicas serias, valor ético e integridad profesional. Desafortunadamente, como es de dominio público, ocurrió lo que reza el dicho: “Hecha la ley, hecha la trampa”, puesto que, precisamente para colar y legitimar alfiles, empezaron a surgir universidades con el solo objetivo de validar una facultad de Derecho a fin de tener puerta automática a integrar una postuladora.

Pero no es esa la única vulnerabilidad del sistema postulador. Ha sido tanta la vigilancia y la exigencia hacia determinados operadores levitantes sobre el gremio de abogados que se cambió la vieja práctica de apadrinar una planilla afín y se optó por comprar más cartones de lotería; es decir, se lanzaron múltiples planillas, muchas de ellas integradas por personas sin trayectoria y nexos mejor disimulados, so pretexto de pluralismo.

Finalmente, la inédita planilla única organizada, votada y aprobada el 27 de junio por el Instituto de Jueces y Magistrados despierta suspicacias, debido a la inusual celeridad con que se desarrolló el proceso, contra el cual se presentó un amparo ayer, precisamente porque se hizo de forma cuasi secreta, sin tomar en cuenta la representación de minorías y justo después de un viaje colectivo a Nicaragua, en el cual bien pudo no haber ocurrido nada, pero que despierta suspicacias porque en ese país se encuentra refugiado Gustavo Herrera, uno de los operadores políticos más poderosos, señalado de haber incidido en la elección de anteriores Cortes.

La ciudadanía debe poner atención en el proceso y demandar a las postuladoras una calificación objetiva, pública y transparente que valore la integridad a través de la trayectoria profesional íntegra, puesto que en anteriores procesos se ha optado por obviar tal ponderación con el pretexto de que se trata de un criterio caprichoso o discrecional. Si este factor se hubiera evaluado con seriedad, no se tendría hoy a una magistrada suspendida del cargo, señalada de tráfico de influencias, y a otro bajo proceso judicial por presunto soborno.

Por otra parte, este debería ser el último proceso de elección con la actual modalidad. Se debe rediseñar la elección de magistrados, introducir reformas efectivas, graduales y proporcionales para refundar la institucionalidad del Organismo Judicial, con el único objetivo de que cumpla con su función sin interferencias ni deudas políticas ni vergonzosas intromisiones.