A los políticos se los dicen una y otra vez: los niños y jóvenes deben ser la prioridad. Asienten y hasta se comprometen no ser un fiasco más, ofrecen impulsar cambios reales para el desarrollo educativo, tecnológico y de salud integral, pero a la vuelta de la esquina vuelven a pactar con los mismos dirigentes venales, relegan la inversión en ciencia, desprecian a las mentes críticas, prefieren contratar a allegados y aduladores en lugar de profesionales serios, se gastan los fondos en más burocracia y al final de cada período vienen otros, supuestos opositores, a ofrecer a la juventud oportunidades, empleos, inversiones… en un círculo vicioso que hasta ahora solo ha alimentado el éxodo al norte.

El bono demográfico es un concepto abstracto y a la vez muy concreto. Está hecho de cifras, de porcentajes, de cálculos estadísticos en el tiempo que marcan su final para el 2050. Pero también está integrado por niños y adolescentes, con nombres y apellidos, la mitad de los cuales son víctimas de la desnutrición crónica, viven en pobreza, acuden a edificios escolares en ruinas, sin conectividad ni mayores perspectivas de mejora económica en sus comunidades. Probablemente sean más de la mitad los que afrontan con desventaja el proceso de crecimiento, si se toman en cuenta factores como el asedio de las pandillas, la violencia física y sexual, la desintegración familiar, la imposibilidad de ir a la universidad o la posibilidad de morir como carne de cañón de las bandas del crimen organizado.

En lugar de elucubrar normativas puritanas, casuísticas y, a la larga, estériles, el Congreso debería establecer un acuerdo interpartidario de continuidad al combate de la desnutrición, con un modelo similar al proyecto Crecer Sano, financiado por un crédito del Banco Mundial, parte del cual ha sido usado para otros fines. Se necesita una agenda seria de mediano y largo plazo, con carácter de compromiso de Estado, para transformar la calidad educativa, propiciar la mejora en las capacidades productivas y apoyar el desarrollo integral de estudiantes destacados y con distintos tipos de inteligencias. Solo así se justificaría el gasto en sueldos para congresistas y funcionarios. De lo contrario, como ha ocurrido hasta ahora, solo es un dispendio que prolonga la inercia mediocre.

Guatemala sigue siendo un país joven, pero esa juventud está saliendo a raudales por las fronteras, en busca del sueño que aquí no encuentra. Es tan abundante el recurso que por ahora su fuga no parece una debilidad estratégica, pero lo será de manera creciente, con el paso de las próximas dos décadas, si ese bono demográfico se deja escapar en nombre de las demagogias, las polarizaciones, los discursos farisaicos y el enriquecimiento ilícito de quienes solo ven al Estado como un botín.

Los jóvenes necesitan más que partiditos de futbol con camisolas gratis, más que servir de edecanes en mitines disfrazados y mucho más que servir de pretexto para sostener a funcionarios que desfilan sin pena ni gloria por el anodino Consejo Nacional de la Juventud. La alineación de políticas públicas en favor de la población joven no debe ser un discurso, sino una estrategia en constante revisión. Lamentablemente, por ahora es una utopía cada vez más cara, porque el bono se está gastando.