Un lamentable, histórico y vergonzoso ejemplo de clientelismo político está a la vista: la lista de proyectos viales —supuestos— que el oficialismo legislativo se recetó el 15 de marzo último, un botín de gasto de Q3 mil 191 mil millones y pico que constituye un insulto a la inteligencia ciudadana por su carácter oscuro, antitécnico y a todas luces electorero. Muchos de los mismos que votaron a favor de una fracasada ley de supuestos valores también se plegaron en favor de la piñata millonaria, una acción que exhibe su doble moral y su ambición por unas cuantas monedas.

Prensa Libre investigó algunas obras del listado de proyectos carreteros incluidos en el decreto de ampliación presupuestaria al Ministerio de Comunicaciones. De alguna forma fue sorprendente —y por otra parte no sorprende para nada— que varios de los proyectos, con presupuestos millonarios, simplemente no tienen justificación, ya que los tramos aludidos se encuentran en buen estado y, por lo tanto, no ameritan el gasto. Esto desmiente el argumento de emergencia invocado por los diputados para promover dicho bolsón de gasto y también hace ilegal su uso en otras obras.

La gazuza de quienes avalaron este adefesio de gasto fue tan grande como la desidia que les impidió siquiera verificar el estado de los tramos. Es posible también que se trate de un pulso entre facciones por un mismo botín, pero en todo caso lo importante es que se declare la lesividad de tan demenciales gastos inútiles. Intentar proseguir con su ejecución sería una necedad dolosa y rayana con el delito. Estando a la vista las fotografías de las rutas que no necesitan intervención, sería un verdadero fraude simular cualquier arreglo.

Lo paradójico es que existen tramos viales que requieren de reparación o incluso construcción, los cuales podrían abrir nuevas oportunidades económicas e incluso podrían integrarse en una visión futurista de la red vial del país; sin embargo, no figuran en la ampliación de la vergüenza.

La ambición, la incompetencia y la falta de una visión nacional futurista condujeron al pacto oficial a uno de sus peores errores y uno de sus más ilícitos fiascos. La Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público pueden y deben intervenir para detener los efectos dañosos de este paquete falsificado. Es poco probable que lo hagan, dada su clara sumisión hacia la agenda oficialista, pero el deber ser siempre existe y no lo elimina nada ni nadie. Nunca es tarde para recuperar la dignidad en nombre del dueño de los recursos, el Pueblo de Guatemala, aunque algunos quieran utilizarlos como suyos.

Es el propio ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, quien explica la forma inconsulta en la cual diputados confeccionaron la lista de proyectos, que además incluye inauditables recapeos y ejecuciones a cargo de la Dirección de Caminos, que carece de rumbo desde hace varias administraciones.

Maldonado toma distancia del botín legislativo y reconoce las presiones de diputados para hacer las asignaciones de proyectos, un tráfico de favores que se comenzaba a combatir con fuerza y al que luego el Ministerio Público le bajó revoluciones. Es tiempo de volver a colocar los mojones de la legalidad y la cuentadancia en su sitio. El Ejecutivo debe declarar la lesividad de la ampliación de la vergüenza para pasar a darle un mejor uso a esos Q3 mil 191 millones y pico, que bien podrían servir para surtir de medicinas a los hospitales o comprar vacunas anticovid para los niños a los proveedores adecuados, o para ambas cosas.