Seis de las diez magistraturas de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 han sido designadas hasta el momento. El Congreso se decantó por dos magistrados que lograron atraer la aquiescencia de la alianza oficialista; la Universidad de San Carlos efectuó deliberaciones y votaciones que llegaron a término en el contexto de la detención del rector Murphy Paiz, presuntamente vinculado con el caso Comisiones Paralelas; el Colegio de Abogados votó en segunda ronda, tras la renuncia de quien encabezó la primera vuelta, el exrector de la Usac Estuardo Gálvez, también señalado en dicho caso, con el usual abstencionismo, indiferencia o apatía gremial.

Quedan dos selecciones pendientes, que centran la atención porque se ha demandado, de forma reiterada y en todos los niveles de la sociedad, presentar los perfiles de los aspirantes, transparentar los criterios de selección, evitar las negociaciones subrepticias y priorizar la excelencia académica, la probidad en el desempeño y la falta de conflictos de interés como factores necesarios para integrar una corte que garantice imparcialidad y resoluciones apegadas a Derecho.

La Presidencia convocó al Consejo de Ministros para el miércoles 10, a las 9.00, para la elección de magistrado titular y suplente. La recepción de expedientes se encuentra abierta hasta ese mismo día a las 8.00, con lo cual surge la duda de si 60 minutos serán suficientes para evaluar los expedientes, que, cabe suponer, deben ser conocidos por todos los participantes. Dar inicio a la evaluación antes de conocerse la lista total de aspirantes avivaría las sospechas de una selección premeditada, a dedo, y lo mismo ocurre si en unas pocas horas se intenta sopesar los méritos o señalamientos contra los nominados. Es de esperar que no se produzca la elección ese mismo día, para que no parezca una simple validación formalista.

Por parte de la Corte Suprema de Justicia se desarrolla un proceso de evaluación de nominaciones, pero en este caso existe una anomalía inédita. Los actuales magistrados de la CSJ ya eligieron una vez a sus representantes para la Corte de Constitucionalidad actual, en 2016. En este momento dicha convocatoria y nominación debía estar a cargo de otros magistrados, pero debido a la injerencia de operadores políticos y al destape del caso Comisiones Paralelas, que involucra a varios excomisionados, diputados y al empresario Gustavo Alejos, dicho proceso se atrasó. No obstante, desde mayo del 2020, si el Congreso pudo reunirse para otros fines, bien pudo desarrollar, también, la elección nominal que le fue requerida por fallo de la CC. Más de nueve meses han transcurrido, y apenas hace una semana se amagó con empezar las votaciones.

Como gesto fundamental de ética, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República deben elegir a personas sin vínculos políticos y sin relaciones de afinidad o amistad, puesto que la trascendencia de esos nombramientos va más allá de intereses particulares. Dichos cargos no son para canjear ulteriores beneficios ni para generar deudas de favores, sino para garantizar la recta aplicación de los principios y garantías constitucionales. Quienes ya han sido electos, deben desvincularse digna e institucionalmente de sus nominadores, puesto que ahora están al servicio del pueblo de Guatemala y no de ningún grupo, bando o sector que intente copar la impartición de justicia.