Guatemala ha logrado una pronunciada recuperación económica, que ha situado el crecimiento en 4.5% hasta junio, muy por encima del 1.2% del mismo mes en el 2020. Además, ha honrado sus compromisos de deuda y se ha logrado una mayor atracción de inversión extranjera: en el primer semestre del 2021 se registraron US$570 millones en inversión y reinversión. Así también es innegable el aporte de las remesas en dólares enviadas por connacionales radicados sobre todo en EE. UU. que apuntalan el consumo y la estabilidad.

Estos elementos forman parte de los informes de las calificadoras de riesgo: un panorama prospectivo económico de los países con base en una evaluación técnica, objetiva, de factores como fortaleza institucional, transparencia, situaciones sociales, indicadores económicos, resultados financieros y relaciones con otros países. El objetivo de tales revisiones es ofrecer parámetros de viabilidad para la toma de decisiones en entes internacionales de crédito, inversionistas y empresarios.

El 28 de abril último, la calificadora Standard & Poor´s (S&P) confirmó la calificación de riesgo crediticio BB- para Guatemala y mantuvo la perspectiva estable. No es la óptima, pero refleja prudentes políticas fiscales y monetarias. Las debilidades observadas por S&P fueron la base tributaria, la prestación de servicios públicos y la infraestructura. La agencia Fitch Ratings recomendó poner atención al déficit fiscal, la deuda pública y el crecimiento de la economía. Una tercera calificadora global, Moody’s, mantuvo al país en la clasificación BA-1, pero con la reducción de la calificación de estable a negativa debido al fuerte incremento del endeudamiento causado por la emergencia sanitaria y el impacto en el sector productivo de la misma, lo cual de hecho impactó en los ingresos tributarios.

Sin embargo, la semana anterior, S&P expuso que si bien el panorama general se puede considerar estable, existe un peligro que puede no solo frenar el crecimiento, sino amenazar la confianza para la inversión: “El alto nivel de corrupción deprime la confianza de los inversores y restringe las inversiones privadas en algunos sectores”, señala el informe.

En efecto, la corrupción no es un concepto abstracto, sino una lamentable tragedia generada por ambiciones desmedidas, irrespeto a las leyes, carencia de un sentido de solidaridad y una búsqueda de beneficios ilícitos a través de un uso inadecuado del poder público: acciones que desafortunadamente se han sucedido, trasmutado y repetido a lo largo de décadas, a escala municipal y gubernamental.

No se trata de un asunto ideológico, aunque grupos oscuros intenten ideologizarlo, crear polarización al respecto y con ello distraer sobre el verdadero problema: la corrupción debilita la institucionalidad al desviar los auténticos fines para los cuales existen. El asunto se agrava al conjugarse con otros factores preexistentes, como la pobreza, la desigualdad, la infiltración de grupos criminales en partidos políticos y luego en organismos de Estado. Retomar la certeza jurídica es necesario, y para ello se necesita sentar precedentes, tanto en casos que involucran desvío de dinero público como aquellos en los cuales la confianza pública ha sido defraudada. Por poner un ejemplo, si un magistrado presentó un título falso de cualquier nivel universitario para un cargo, debe ser investigado, removido y sancionado, porque mentir es el primer peldaño de la corrupción.