En todos los campos del quehacer público son inadmisibles y siempre contraproducentes las designaciones discrecionales, politiqueras o por favoritismos vacuos, pero es en especial crítico respecto de nombramientos de autoridades a cargo de la política económica, monetaria, cambiaria y crediticia. En concreto, la presidencia del Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Primero, porque se trata de un campo técnico en el cual no hay espacio para pifias o agendas grupusculares; segundo, porque toda acción u omisión tiene una reacción en cadena, y tercero, porque todo un país termina pagando desatinos como los que ocurrían en la década de 1980, cuando se emitía moneda sin respaldo para cubrir hoyos financieros o subvencionar falsas paridades.

Los retos de un entorno global volátil como el actual son cambiantes y exigen una alta calidad profesional, criterio formado y profundo sentido ético. Hasta ahora, las decisiones de las autoridades del Banco de Guatemala han sido cautas, prudentes, y sobre todo independientes de cualquier injerencia ajena a los criterios económicos. No son ni deben ser producto de un juicio individual sino de un análisis colegiado de distintas variables en juego. Ahí está la clave. Al acercarse el final del período de los actuales titulares es primordial nombrar a personas que sepan atender el consenso, que posean juicio crítico y que a la vez puedan abordar la coyuntura con pericia y serenidad.

El Banco de Guatemala surgió a raíz de la reforma monetaria emprendida en 1924 para sacar al país de la severa crisis generada por los dispendios del régimen dictatorial de Manuel Estrada Cabrera —derrocado en 1920— y el desorden por la emisión de moneda sin respaldo.

Hace 98 años fue creado el quetzal para sustituir al peso, que cargaba sobre sí con una descontrolada emisión de billetes y notas de crédito de bancos particulares. En 1926 se fundó el Banco de Guatemala como la única entidad con la potestad para autorizar la emisión monetaria y la rectoría del crédito público. En 1946 y 1988 hubo reformas para afinar las herramientas con las cuales esta institución, cuyo presidente dirige la Junta Monetaria, orienta y coadyuva a un mejor desempeño económico. En líneas generales, el Banguat se encarga de facilitar el control de la inflación para aminorar su impacto, crear condiciones para que las tasas de interés se desempeñen en un mercado competitivo, fortalecer el sistema bancario en cuanto a liquidez y solvencia, así como evitar malas prácticas por parte de individuos carentes de conocimientos bancarios o de ética.

En este papel es clave la Superintendencia de Bancos, que se encarga de velar por la estabilidad de toda entidad privada de ahorro y crédito y la integridad de los capitales depositados en ellos, el cumplimiento de metas, la mejora de procesos y también para garantizar que no exista lavado de dinero proveniente de actividades criminales.

Sin embargo, casi a las puertas de una nueva designación para estas dos entidades, existe fuerte incertidumbre en el sector empresarial y productivo, la cual urge disipar a la brevedad posible, tanto por respeto a la ciudadanía como para dar continuidad a las políticas monetarias, cambiarias y crediticias. En la selección de los nuevos titulares deben prevalecer la idoneidad y la trayectoria. Intentar subyugar al Banguat o a la SIB para otros fines de aparentes conveniencias sería darse un tiro en el pie, porque en caso de desatinos y discrecionalidades la economía siempre pasa la factura.