Siguen creciendo el rechazo y la preocupación internacional por el golpe institucional asestado por la aplanadora oficialista del Congreso salvadoreño, al destituir a los magistrados del máximo tribunal del país, siguiendo a pie juntillas dictados del presidente Nayib Bukele, quien se justifica detrás de una supuesta depuración y en la interpretación de un artículo constitucional. Con ello no logra borrar la vulneración al estado de Derecho: el sistema de pesos y contrapesos, con todo y sus defectos, protege garantías universales.

El gran problema del relativismo legalista radica en que cada quien desea dar una interpretación de las normas a la medida de su conveniencia, de sus juicios y también de sus prejuicios. Bajo el mismo argumento alteró Hugo Chávez la Constitución y la institucionalidad venezolanas, con arengas populistas e hipnóticos ofrecimientos, hasta llegar al actual bodrio que tiene sumida en la miseria, la inamovilidad y la dependencia total a una nación otrora poderosa. Bajo el mismo argumento aniquiló Daniel Ortega la democracia nicaragüense, hasta convertirla en un símil de la dictadura intolerante y asesina de Anastasio Somoza contra la cual combatía en la década de 1970. El mismo argumento tuvo el aprendiz de dictador Jorge Serrano Elías en Guatemala, en 1993, cuando pretendió arrogarse el poder legislativo y judicial, algo que se logró impedir solo por la valiente acción de una Corte de Constitucionalidad digna y pretérita, así como por el manifiesto repudio ciudadano.

Si bien la ciudadanía apoyó al partido del señor Bukele en las pasadas elecciones legislativas, dicho aval no fue un cheque en blanco ni un permiso para romper el orden institucional que prácticamente lo convierte en un gobernante omnímodo. Vale decir que dicho mandatario se ha caracterizado por un estilo inusual, por medidas estrictas contra pandillas, la rápida gestión de vacunas, la distribución masiva de tabletas para estudiantes o coordinar decisiones ejecutivas a través de tuitazos: todas acciones que son verdaderas carnadas para la viralidad y que le han ganado popularidad. Con esa misma aprobación pudo buscar la renovación judicial por canales institucionales sin pasar por el desgaste actual, y sobre todo sin exponerse a la tentación autocrática.

“Persona de gran juicio es quien logra conservarse cuerdo en trances de locura. Todo exceso de pasión destruye lo razonable. Pero si adquieres la magistral atención para mirarte a ti mismo, nunca atropellarás la prudencia ni pisotearás la ponderación”, aconseja desde hace más de 350 años el sabio Baltasar Gracián acerca del arte de gobernar. Lamentablemente, muchos gobernantes suelen quedar atrapados por roscas, en laberintos de intereses o hasta en su propio reflejo endulzado en las mieles del poder: el discurso deviene en intolerancia, la empatía se torna en cerrazón y el diálogo se tira por la borda.

En todo Estado democrático hay opositores, críticas, reclamos, pero lanzar soldados y policías en contra de ciudadanos solo refleja incapacidad e intransigencia. Baste ver el actual caso colombiano, en donde a partir de una reforma fiscal polémica, posiblemente inoportuna en tiempos pandémicos, se desataron protestas que devinieron en disturbios. Hoy hay 80 personas desaparecidas, decenas de heridos y tanques del Ejército en las calles. ¿Era eso lo que quería el presidente Duque? Y como no hay que apedrear el techo del vecino si tenemos techo de cristal, cabe recordar el caótico operativo del 21 de noviembre, en el cual la PNC agredió a manifestantes pacíficos en la plaza, so pretexto de controlar a unos vándalos contra los que no actuó oportunamente.