A lo largo de la historia siempre han surgido grupos de fanáticos, serviles, allegados, convenencieros, patrocinados o personajes simplemente intolerantes que pretenden arrogarse la potestad de obligar a otros a limitarse a pensar dentro de un limitado cuadrante. En los siglos XX y XXI ha sido paradójicamente pública la manifestación de este tipo de intentonas de censura que tienen más fugas que cierres, precisamente porque su propósito es un despropósito, valga la antinomia. Desafortunadamente la ignorancia de la historia y la venta de voluntades en detrimento de la razón conduce a capítulos oscuros de nuevas inquisiciones, cada vez más arbitrarias y por lo tanto incoherentes e infundadas.

En los últimos años se ha desarrollado toda una suerte de ejércitos de descalificación en línea, usualmente denominados “netcenters”, como fuerza de choque para atacar a la persona o grupo contra los cuales lo indique un dirigente o financista. Vamos a decir que esto ocurre tanto desde la mano derecha como desde la izquierda, en el afán de situar el problema en su auténtica dimensión: los ataques intolerantes impiden el diálogo y por ende bloquean la consolidación de consensos acerca de los puntos en común, así sean pocos.

Esta ofensiva, cegada por su mismo carácter unívoco, ha llegado en los últimos años a niveles de cerrazón e incluso de amenaza e intimidación. De esta cuenta se multiplican los ataques, descalificaciones e ilícitas advertencias contra reporteros y columnistas que no comulgan con las mismas ideas de grupos que supuestamente enarbolan un ideario conservador e invocan creencias cristianas, las cuales quedan en descrédito por su contenido e implicaciones. Los supuestos valores se ven desmentidos en la práctica.

El viernes último, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos hizo un llamado al Estado de Guatemala a garantizar de manera efectiva y plena el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa, a raíz de numerosos hechos que más parecen apuntar a una estrategia concordada de desgaste contra los medios independientes, represión contra denuncias de corrupción de funcionarios o allegados y un incremento de ataques lanzados desde cuentas anónimas de redes sociales, ya sea utilizando cuentas de empleados estatales y simpatizantes, seudónimos o falsas identidades.

Algunos perfiles se dan el lujo de amenazar a comunicadores sociales críticos con consecuencias judiciales, lo cual deja entrever sus supuestas afinidades con el oficialismo de turno: toda una ilegalidad que las autoridades, comenzando por el Ministerio Público, deberían investigar si es que actúan con apego a la ley y a la moral, como suelen pregonarlo. Pueden ser cuentas que traten de desprestigiar a las autoridades o bien adláteres que siguen órdenes ilegales. En cualquiera de los dos casos la intención es perversa y a todas luces ilícita, por lo cual urge sentar precedentes. Eso, a menos que exista un tácito apoyo del MP a tales amenazas extrajudiciales.

La Constitución de la República consagra la libertad de expresión y protege toda crítica contra funcionarios en el ejercicio de sus cargos o por acciones relacionadas con los mismos. Es la piedra angular de la democracia. Dictadores como Daniel Ortega o Nicolás Maduro detestan a los medios periodísticos independientes, puesto que desnudan los grandes vacíos e incoherencias de sus regímenes. Pero esto es Guatemala y la libre expresión seguirá viva a pesar de que ciertos netcenteros la utilicen para tratar de intimidar a quienes solo buscan un país mejor.