Es ya socorrida y sintomática la excusa de que ningún gobierno en el mundo estaba preparado para enfrentar la pandemia para rehuir de cuestionamientos acerca de la calidad de la gestión sanitaria. A seis meses de emprendidos los esfuerzos de contención y tratamiento, las lecciones han sido abundantes pero no necesariamente aprendidas, y prueba de ello fue la confusión generada la mañana de ayer. Autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo convocaron a una conferencia de prensa para hablar de la reactivación del sector, pero esta fue opacada por la controversia causada por una publicación en el diario oficial sobre modificaciones a las restricciones vigentes, lo cual hizo inminente otra conferencia de las autoridades de Salud para, supuestamente, aclarar lo que se intentó decir.

Este tipo de contrasentidos organizacionales causa pérdidas de tiempo y recursos, pero a nivel de Estado tiene un altísimo costo de oportunidad, debido a que potencia la incertidumbre, golpea las inversiones, destruye planificaciones y agrava la situación de un sector que de por sí se encuentra en una situación desesperada.

La pregunta clave en este entuerto es: ¿quién tiene el liderazgo comunicacional en el Gobierno? La Presidencia y sus secretarías están obligadas por un mínimo de eficiencia profesional a trasladar la información de las decisiones a los sectores estatales involucrados, a fin de no anunciar expectativas irreales. No es la primera vez que se anuncia la reapertura del país al tráfico aéreo internacional, ni la segunda ni la tercera, ni la quinta, sino la sexta ocasión, con la consiguiente cauda de costos para operadores turísticos, agencias de viajes, empresas, líneas aéreas, hoteles y destinos de visita.

Son decenas de miles de empleos directos e indirectos los que están al borde de la aniquilación a causa de las restricciones al turismo interno y externo. Si bien se reactivó el tránsito interdepartamental en agosto, la recuperación de visitantes ha sido escasa, costosa, inestable. El contrasentido de ayer, con todo y las prohibiciones de visita a cuerpos y corrientes de agua, corta de tajo las pocas esperanzas que empezaban a germinar.

Para mayor agravante, los protocolos de recepción de visitantes extranjeros aún son ambiguos. Autoridades se endilgan responsabilidades, buscan a quien culpar de los nuevos retrasos y cuando no lo encuentran vuelven al recurrente argumento de que nadie estaba preparado. Si hace falta imponer medidas sanitarias para control de brotes demasiado agresivos, se debe hacer con una comunicación clara, específica, bien escrita, bien leída. Pero para contar con esa información es necesario revelar las cifras del total de pruebas de detección disponibles por región y efectuar muestreos preventivos. Argumentar que la gente no llega a los hospitales a pedir su prueba y suponer por ello que no hay contagios es como decir que si familias en pobreza extrema no llegan a los centros de asistencia nutricional es porque no hay desnutrición en aldeas distantes, de donde no pueden salir por falta de recursos económicos.

No hay peor costo para una economía que la incertitumbre. Y no hay mayor generador de incertidumbre que la duplicidad de funciones y la competencia entre puestos creados antojadizamente. Y nadie paga más cara la incertidumbre que los propios ciudadanos, en este caso aquellos que vivían del turismo y que por ahora deben esperar a que se aclare el nebuloso panorama.