Seis de cada 10 guatemaltecos considera poco o nada creíbles las cifras de contagios y muertes proporcionadas por el Gobierno, según el sexto estudio de percepción ciudadana sobre la pandemia, efectuado por Prodatos y publicado la semana anterior. Es una cifra que ha ido en crecimiento debido a las medidas contradictorias, cambios de discurso, inexactitudes comprobadas y deficiencias en el funcionamiento de los hospitales temporales, cuya crisis de saturación en junio y julio fue negada por el Gobierno, a pesar del clamor de médicos y enfermeras.

Una de las exigencias más recurrentes durante los meses de suspensión de actividades fue ampliar el número de pruebas para la detección de covid-19. Se asignaron recursos a partir de créditos, por lo cual la falta de fondos no era una excusa. No obstante, la escasez se dio y los exámenes no solo se llevaban a cabo de manera limitada, sino que además su procesamiento se caracterizó por la tardanza de hasta dos semanas. Pero también esto fue relegado por las autoridades a base de excusas y nuevos ofrecimientos.

La incertidumbre sobre la cantidad real de contagios en el país continúa, sobre todo porque se ha revelado que más de la mitad de pruebas practicadas, el 57% para ser exactos, fueron pagadas por los propios ciudadanos, de su bolsillo. En muchos casos, esto se debió a la falta de pruebas disponibles en centros asistenciales o también para evitar concurrir a estos lugares en busca de un diagnóstico, que además de incierto podía ser tardado, inexacto y exponerse —en caso de no haber estado positivo— a un contagio.

Con los datos disponibles hasta el 6 de agosto, es una vergüenza para el Ministerio de Salud, para la Comisión contra el Coronavirus y para cualquier funcionario, persona o ente vinculado con la gestión de la pandemia, que solo hayan hecho 12 mil 380 pruebas: el 15 por ciento del total nacional, superadas incluso por las 22 mil 799 —27%— efectuadas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sostenido por patronos y trabajadores.

El presidente que en campaña decía que no quería pasar a la historia como uno más ya no tiene a estas alturas más excusas, como decir que la pandemia tomó por sorpresa a su administración o que no contaba con los recursos económicos necesarios. Ya que el 15 de septiembre habló de decir la verdad, debería revelar a la población cuántas pruebas se han comprado, a qué precio, a qué proveedores, en dónde están distribuidas y a cuántas personas se les están practicando a diario. La verdad no es una limitante, sino un principio. No se le puede invocar para callar a la prensa independiente, pero sí debe ser una actitud ética para proveer de información pública a la población.

La gente que pudo costear su prueba prefirió pagarla, incluso a costa de sacrificios personales, para tener una certeza de tratamiento oportuno y para poder proteger a su familia. ¿Pero y aquellos que están sin trabajo, en situación de pobreza, con pérdidas agrícolas, con una familia que ha dejado de comer un tiempo de comida? ¿Quedan a merced de las posibilidades, volubilidades o intereses?

Finalmente, hablando de contradicciones, es cuestionable el anuncio de protocolos sanitarios para la reapertura de fronteras revelado ayer por la mañana, retirado por la tarde aduciendo que era un “borrador” y finalmente publicado a horas del plazo.