Hoy se cumple un año de uno de los más voluminosos decomisos de dinero en efectivo: Q122 millones encontrados en una casa de Antigua Guatemala rentada por el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, señalado por deficiencias en la construcción del libramiento de Chimaltenango y cuya primera orden de captura fue negada en julio de 2020 por el ahora exjuez Mynor Moto. La conexión directa de Benito con el inmueble de las maletas repletas de billetes detonó otra orden de captura, por presunto lavado de activos, que se intentó ejecutar el 20 de octubre de ese año y por la cual está prófugo hasta la fecha, sin que el Ministerio Público haya logrado mayores avances para su localización y arresto, pese a sus sonados cambios.

Cualquier persona decente hace uso cotidiano de transacciones bancarias para hacer pagos a terceros, transferencias o abonos de créditos, sobre todo aquellos que son voluminosos, precisamente porque tales fondos los ha obtenido honradamente. Toda transacción está sujeta a la supervisión de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), ente encargado de levantar alertas sobre operaciones arriba de ciertos montos que no coincidan con patrones cíclicos o con el perfil económico de usuarios, signos que suelen ser indicadores de recursos provenientes de narcotráfico, corrupción, extorsiones, sobornos o trata de personas.

El traslado de altas sumas de dinero en efectivo sin documentar constituye un indicio clave para sospechar su origen fuera de la ley. Un ejemplo de esta situación se dio ayer, cuando agentes de la PNC detuvieron un vehículo del Ministerio Público en el cual dos empleados de la institución transportaban Q200 mil que no pudieron justificar. La investigación debe apuntar a rastrear si se han trasegado alijos similares.

En efecto, el combate de la corrupción y otros delitos tiene en las alertas de la IVE sobre transacciones sospechosas una de sus más poderosas herramientas, la cual puede llegar a tener un alcance internacional que permita rastrear capitales dudosos vinculados con funcionarios o exfuncionarios, políticos y financistas de partidos, cuyas actividades tienen incidencia en el ámbito público y, por ende, son sujeto de cuentadancia política y también fiscal.

Dada su localización geográfica y geopolítica, prácticamente no existe entidad financiera guatemalteca sin conexión con homólogas radicadas en Estados Unidos o asociadas a su jurisdicción. Por ello cobra especial significado la nueva estrategia de combate de la corrupción para la región centroamericana anunciada ayer por el gobierno de Joe Biden, que habilitó un buzón de correo electrónico para recibir denuncias de posible comisión de delitos cuyos réditos ilícitos tengan la más mínima conexión con instituciones de EE. UU. Los indicios recibidos serán investigados por una fuerza de tarea anticorrupción encabezada por el Buró Federal de Investigaciones, cuya misión es agarrar a los corruptos con las manos en la masa de fondos ilícitos.

El dinero en efectivo es ya una vulnerabilidad de todo grupo ilícito, por lo cual se busca la forma de ingresarlo bajo otras apariencias al sistema bancario, para su blanqueo. Con los nuevos controles de EE. UU. aumenta la probabilidad de detectar pagos de sobornos por adquisiciones amañadas, sobre todo las efectuadas a escala internacional. Los prófugos tendrán un panorama cada vez más difícil. Seguir la ruta del dinero, por más alambicada que sea, conducirá al final del laberinto hasta identidades concretas de autores y allegados que en algún punto llegan a trazar aviesos pactos para creerse todopoderosos e intocables. Nada más iluso.