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La seguridad de los ahorrantes es primero

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La confianza es el fundamento de la cultura bancaria y financiera. Se trata de un acuerdo de buena voluntad en el cual una persona, una empresa, una sociedad o incluso un país pone fondos a resguardo en manos de una entidad que se especializa en obtener un beneficio recíproco enmarcado en un ordenamiento jurídico y en valores éticos de dominio universal. Puede ocurrir, lamentablemente, que existan casos aislados de personas que abusan del sistema de confianza y persiguen réditos ilícitos, efectúan operaciones ocultas y afectan a otras con su irresponsabilidad. Para estas situaciones también hay consecuencias punitivas a nivel local y global; de hecho hay un combate intenso, cada vez más especializado, contra tales prácticas.

Cabe citar que la primera década de este siglo fue convulsa para el sistema financiero guatemalteco. Las disoluciones de entidades como Banco Promotor, Banco del Café, Banco de Comercio, Banco del Ejército o Banco Empresarial constituyeron un accidentado estreno para la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que entró en vigencia en 2002 y que fue puesta de nuevo a prueba con la reciente suspensión del Banco de Crédito, cuyos cuentahabientes serán atendidos con solvencia por otra entidad.

Existe consenso entre las autoridades financieras y la banca guatemalteca, en general, de que el mecanismo establecido en dicha legislación sirvió para cerrar entidades que no cumplieron con lo establecido en la regulación pero con el tiempo y el conocimiento adquirido ha crecido la convicción de que la protección del ahorrante es prioritaria e insoslayable. En cuestión de horas hábiles, un sistema bancario sólido logra contener una situación particular, garantizando así que los depósitos, fruto de años de trabajo, sigan a salvo.

Los ahorrantes siempre deben estar protegidos, pues para eso están las autoridades monetarias y los procesos de monitoreo técnico. En el caso de marras, Bancredit perdió capital más allá de sus capacidades de generar recursos, por lo que, oportunamente, se activó el Fondo para la Protección al Ahorro (Fopa), en el marco de un sistema bancario sano, dinámico y creciente. Más de 10 mil cuentahabientes tienen a buen recaudo sus fondos y pueden disponer de ellos con total libertad.

No obstante, hay un mensaje claro: debe agilizarse la aprobación de la iniciativa 5157, sobre reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que lleva tres años varada en el Congreso, que se ha dedicado a impulsar agendas inútiles. Uno de los principales cambios propone que en lugar de que la Junta Monetaria ordene la constitución de una junta de exclusión de activos y pasivos para tomar las riendas de la entidad suspendida, sería el propio Banco de Guatemala el que intervendría, tomaría las acciones de la institución, destituiría a los administradores y los pondría a disposición de las autoridades de justicia; finalmente gestionaría que la entidad, bajo nueva administración, saliera a flote.

La segunda lección apunta a redoblar esfuerzos en detectar y castigar las acciones de lavado de dinero. En noviembre pasado fue detenido en Miami, Florida, EE. UU., Álvaro Estuardo Cóbar Bustamante, director de Bancredit, quien confesó haber lavado dinero de actividades provenientes del narcotráfico. Aunque la suspensión es ajena a la detención de Cóbar, cabe cuestionar por qué pudo actuar con tanta libertad e impunidad. No fue sino hasta que el Departamento del Tesoro de EE. UU. intervino que sus ilícitos salieron a luz, lo cual es otra razón para revisar las regulaciones internas y hacerlas funcionales, efectivas y confiables.