Como un claro reflejo de la poca importancia que tiene el relevo de la cúpula de la justicia, es decir la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de Apelaciones, la presidenta en funciones del Congreso, Sofía Hernández, colocó en lugar privilegiado de la agenda del pleno, a pedido de alcaldes, una iniciativa que busca relajar la Ley de Contrataciones del Estado, que ellos consideran un lastre para la ejecución de fondos, so pretexto de la emergencia sanitaria.

Coincidentemente, el Ejecutivo anunció ayer que pedirá una nueva extensión del estado de Calamidad, figura legal que debería servir efectivamente para que los jefes ediles prioricen todos esos programas que claman no poder ejecutar debido a los requerimientos de transparencia. Queda claro que no se puede culpar totalmente a la norma imperante, puesto que hay problemas de calidad de personal, de gestión y hasta de planificación, cuya combinación desemboca en atrasos.

Muchos de estos alcaldes, que ahora endilgan sus complicaciones administrativas a los candados de probidad, acusaron a sus antecesores de malversación, asignación antojadiza de proyectos y manejos opacos de las compras directas debajo de Q90 mil. Es un contrasentido que ahora exijan remover requisitos que otrora, cuando les era políticamente redituable, aplaudían.

Lejos de cualquier intransigencia o dogmatismo, es seguro que hay aspectos por mejorar en la Ley de Contrataciones, a fin de poder agilizar determinadas adjudicaciones de obras en favor de la población. De hecho, se ha insistido en la necesidad de formular todo un nuevo conjunto legal en referencia a las adquisiciones de bienes y servicios por parte del Estado, tanto a nivel de administración central como municipal, pero de esto a ponerle parches o a arrancarle artículos incómodos hay una diferencia abismal.

En todo caso, si se emprende una reforma seria, no puede escucharse solo la voz de los alcaldes, sino también de los concejales de oposición, de los contratistas y empresarios, así como de la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Finanzas, la Superintendencia de Administración Tributaria y de las entidades de transparencia.

Si se obvia esta discusión multisectorial, dichos cambios a la ligera en el pleno resultan solo una variante miope de clientelismo, lo cual queda subrayado por el hecho de haber en lista de espera iniciativas urgentes para la reactivación económica, la competitividad y la agilización de proyectos, aparte de la sospechosa parsimonia respecto de la elección de cortes, proceso que no se ha movido un milímetro desde que se aprobara la supuesta metodología para abordarla.

Los señores diputados deben darse cuenta de que ya no estamos en el 2014, cuando se negociaron las actuales magistraturas. Tampoco estamos en la época en que se aprobó, en oscuras circunstancias, el crédito de la constructora Odebrecht, uno de cuyos principales artífices, el exministro Alejandro Sinibaldi, del otrora poderoso Partido Patriota, está a la espera de rendir primera declaración por todos los cargos que se le imputan en seis casos. Los alcaldes también deben recapacitar, para no pretender regresar a los tiempos en que Arnoldo Medrano, epígono de la corrupción municipal, actuaba a su antojo en Chinautla. Se reitera que la ley de compras puede ser susceptible de mejora, pero toda concesión debe ir acompañada de obligaciones de rendición de cuentas e implementación proactiva del gobierno electrónico edil.