Vergüenza es ver a dos exrectores de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala vinculados a procesos judiciales por acusaciones de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita. Estuardo Gálvez y Murphy Paiz enfrentan proceso por su presunta participación en el caso Comisiones Paralelas, uno como operador y otro como integrante de una postuladora. En lugar de dar brillo, dan vergüenza moral por la sola sospecha de amaños.

Paiz renunció al cargo al ser capturado y se encuentra en marcha el proceso de elección de un nuevo rector para esa casa de estudios superiores, cuya modernización continúa atada a avatares políticos, presiones económicas y pactos de poder. Lejanos quedan los días de impolutos perfiles académicos al frente de la Carolingia como Carlos Federico Mora (1944-1945), Carlos Martínez Durán (primer rector democráticamente electo, 1945-1950), Edmundo Vásquez Martínez (1966-1970) o Mario Dary, quien fue electo en junio de 1981 y asesinado el 15 de diciembre de aquel año, como parte de la ola represiva que segó la vida a intelectuales y profesionales de gran calidad y coherencia.

Existen siete aspirantes a ocupar la rectoría, entre quienes se pueden identificar perfiles nuevos y otros ya con cierto desgaste y vínculos con el actual oficialismo, lo cual los coloca en la línea convenenciera de los predecesores. Las propuestas expuestas en un reciente foro remarcaron la visión de cada candidato. Algunos priorizan la modernización tecnológica, la innovación en el proceso formativo y el espíritu de servicio al país. Otros se concentraron en ambiguos discursos populistas, ofrecimientos laborales y cambios administrativos superficiales para apelar a los intereses de los electores.

La campaña académica, que debería basarse en ideas y paradigmas renovadores, se ha contaminado con clientelismo electorero. Ciertos candidatos han organizado fiestas e incluso jaripeos, o reparten obsequios mercadológicos en una clara apelación clientelar que no solo exhibe su ausencia de argumentos serios, sino que pone en evidencia oscuros financiamientos que obviamente deben saldar después, sobre todo a través de la designación de delegados de la Usac ante diversas instituciones colegiadas del país. En otras palabras, son augurios de ulteriores y abyectos trasiegos de favores que los votantes deberían rehuir, dados los fiascos previos.

La elección consta de dos fases. La primera se desarrollará el próximo 23 de marzo, con la votación de representantes docentes y estudiantiles de 10 facultades, así como delegados de colegios profesionales. En total son 34 cuerpos electorales, que suman 170 votantes. Para ser electo rector, el aspirante debe obtener la mayoría absoluta de los sufragios emitidos: al menos 86 votos.

Ese sistema no ha variado en siete décadas, a pesar de que la Usac es un ente académico público de amplio impacto y enorme misión. Están excluidas de votar escuelas y centros regionales que reúnen hasta 40% de estudiantes. Las conveniencias de ciertos decanos venales y los pactos opacos generan una anomalía antidemocrática que debería ser corregida internamente por el próximo Consejo Superior Universitario. Es, sin embargo, a esta segregación desfasada y contradictoria a la cual le apuestan los negociantes de influencias de antecedentes conocidos. Es de esperar que prive la inteligencia, el espíritu crítico, el ánimo académico y no la politiquería barata en la elección.