Desde los primeros días del año, varios hechos de violencia despertaron a los guatemaltecos del letargo típico de las fiestas de final de año. Desde el primer día del 2022, fueron reportados varios incidentes en el oriente, el sur y norte del país. Días después, entre impotencia y miedo, se observó el indignante video de cuando sicarios atacan a balazos a Keyla Villeda en Chiquimula.

Esta semana, que se inició con el hallazgo de tres personas muertas en el área de Villa Nueva y Amatitlán, también registra un confuso incidente en la aldea Los Trojes, Amatitlán, en la cual, la noche del lunes, se desató un infierno para la comunidad, luego de una balacera con saldo de cinco muertos y varios heridos, incluido un niño de 3 años.

Cuando este tipo de sucesos se dan de forma continua y puede observarse crueldad y violencia en videos y fotografías, en efecto alimentan la percepción ciudadana de que la inseguridad está aumentando y que los ciudadanos están en riesgo. Pero esas ideas y conjeturas se convierten en realidades y verdades cuando, sin manipulación, se evalúan los datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y los de la Policía Nacional Civil (PNC), como estos días lo han hecho distintas entidades de análisis de seguridad.

Las cifras no mienten, pero sí se puede mentir en la forma de presentarlas, y por ello un tema tan delicado como la seguridad de los guatemaltecos no puede, ni debe, ser maquillado omitiendo datos o matizándolos de determinada forma.

Dos de los estudios presentados reflejan un aumento del 10% en homicidios, al comparar 2020 con 2021, y, de no actuar de inmediato, se empezará a revertir la tendencia hacia la baja que se había logrado durante la última década. Los datos también reflejan un incremento en las denuncias por extorsión y en las de delitos contra el patrimonio, como robos de vehículos, de motocicletas y a viviendas.

Los datos presentados confirman lo que muchas fuentes informativas venían alertando desde hace meses, y es el retroceso en la inteligencia criminalística de carácter civil y, por ende, la falta de información que nutra de insumos a las instituciones encargadas de seguridad y las autoridades políticas para que puedan tomar decisiones y llevarlas a la acción, en aras de disminuir las cifras.

Uno de los primeros pasos para no perder lo alcanzado durante una década debería enfocarse en revisar de nuevo las políticas públicas que permitan fortalecer a la PNC, institución que en julio cumplirá 25 años y que necesita no solo de un presupuesto realista y adecuado que de inicio propicie la dignificación policial, sino que, además, tenga como prioridad plantear las acciones necesarias para potencializar su recurso humano, a fin de aumentar la eficiencia de las estrategias para reducir los índices de violencia.

Esta no solo es tarea de los altos mandos de la fuerza policial, que poco pueden hacer sin la voluntad política de las actuales autoridades del Ejecutivo, que debe involucrar a todos los actores posibles en un verdadero plan de acción que ayude a que la ciudadanía fortalezca los vínculos de confianza con sus autoridades, una de las claves para el combate y la reducción de delitos, pues la información más importante para las decisiones policiales proviene de las denuncias y de la retroalimentación ciudadana, que hacen que las autoridades sean más efectivas.