Recién divulga el TSE la pretensión de solicitar Q500 millones de presupuesto para organizar las elecciones generales del 2023. Un dato que llega de manera bastante temprana y constituye una previsión que sería loable, de no ser porque ese órgano tiene otras prioridades pendientes cuyo rezago tiene impacto directo en la calidad y la transparencia de dicho proceso.

El principal retraso está relacionado con la dilación de sanciones contra agrupaciones señaladas de irregularidades en el financiamiento. Omisos, falta de documentación e inconsistencia de cuentas lastran aún procesos de 2015 y 2019. Lo llamativo es que algunos de esos delitos electorales ya tenían dictada una sanción ejemplar: la desaparición de los partidos infractores. Los actuales magistrados, electos al borde de la pandemia, en 2020, recién habían asumido los cargos cuando frenaron todos los casos, supuestamente para una revisión, que se pasó de oficiosa y permisiva: hace apenas tres semanas atinaron a confirmar la sentencia más obvia, cancelar la Unión del Cambio Nacional, cuyo fundador está preso en EE. UU., confeso por narcotráfico. Más de un año se tardaron y cabe preguntar si influyó el hecho de que diputados de esa bancada votaran a favor de algunos de los actuales magistrados del TSE, titulares y suplentes. A la vez se anunció el inicio de procesos de cancelación de la Unidad Nacional de la Esperanza y de Prosperidad Ciudadana.

Otro gran vacío en la gestión del actual TSE han sido las reformas a la Ley Electoral. En lugar de exigirles a los partidos mejoras en los procesos de selección interna e imponerles mejores controles de financiamiento y depuración, parece que dicho ente busca congraciarse con la politiquería barata. Una de esas propuestas apunta a “legalizar” el transfuguismo, nefasta práctica que más bien podría definirse como un deleznable tráfico de curules.

El caso no termina allí, pues en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso se cocina la intención de debilitar todavía más la auditoría sobre la proveniencia de fondos partidarios. De concretarse este despropósito, impulsado por varios diputados, terminaría de abrirse la puerta al dinero sucio producto de la corrupción, amaño de contratos, caletas de exfuncionarios y mafias del contrabando, narcotráfico y trata de personas.

La partidocracia no está interesada en transparentar la elección de integrantes de listas nacionales o distritales, mucho menos en plantear metodologías más modernas, civilizadas y democráticas para elegir representantes ciudadanos al Congreso. La anterior Corte de Constitucionalidad descartó esta posibilidad, pero si hubiera un mínimo de vocación democrática entre los integrantes del TSE, deberían buscar alternativas intermedias que se enmarquen en los principios constitucionales. Es una exigencia generalizada, y a fin de cuentas lo importante es que la ciudadanía, el pueblo, en quien reside la soberanía nacional, esté representada de la forma más digna, fiel y exacta.

El TSE tampoco ha abordado con seriedad cómo implementará el voto de guatemaltecos en el extranjero, con una metodología moderna, tecnológica y confiable que permita a los connacionales manifestarse políticamente de manera proporcional. Países amigos como EE. UU., India y Reino Unido cuentan con interesantes experiencias altamente fiscalizables. Pero para ello se necesita un auténtico afán por darles voz, con transparencia total, a todos los guatemaltecos, y no solo a los intereses de la misma vieja política.