Hace una semana, fuerzas de seguridad guatemaltecas incautaron un cargamento de 1 mil 720 paquetes de cocaína, con un valor superior a los US$20 millones, en un submarino interceptado a 400 kilómetros de las costas del Pacífico, con tres extranjeros detenidos. Apenas dos días después, el 21 de diciembre, el decomiso fue de seis mil kilos de droga, más una aeronave, otros vehículos y armasm abandonados en la zona costera de Tiquisate, Escuintla. No hubo capturas, aunque sí una refriega que dejó cinco soldados heridos.

Tales sucesos demuestran la continua actividad de carteles del narcotráfico internacional, los cuales, desde luego, tienen bandas cómplices en el país para permitir la utilización de nuestro territorio como puente de los cargamentos en ruta a Estados Unidos. Al igual que en décadas anteriores, su principal estrategia es la de copar territorios que consideren lo bastante vulnerables para facilitar el trasiego. Tienen una altísima capacidad económica, lo cual potencia la posibilidad de corromper a funcionarios o de colocar alfiles a cargo de alcaldías u otros puestos de autoridad, con el fin de retorcer de manera subrepticia las potestades del Estado a su favor.

Municipios costeros y fronterizos suelen figurar dentro de las ambiciones de grupos del narcotráfico. Para lograr sojuzgarlos de forma “legal” aportan recursos a las campañas de ciertos candidatos ediles o a veces elevan la apuesta a altos cargos. En solo cuatro semanas se llevará a cabo la convocatoria a las elecciones generales del 2023 y ello, sin duda, va a acicatear las apuestas, pero también las pugnas entre facciones rivales, que buscan predominio en áreas clave, lo cual puede resultar en incidentes violentos y agudizar conflictividades. El narcofinanciamiento es un riesgo concreto.

Aunque existen antecedentes de esta práctica abyecta, así como jefes ediles, exalcaldes y diputados marcados por indicios de oscuros nexos, el caso más reciente y paradigmático es el de Mario Estrada, fundador y expresidenciable de la Unión del Cambio Nacional, una agrupación señalada de narcopartido y que en los últimos tres años ha sido uno de los aliados clave del partido oficialista, que ya adoptó como posibles candidatos a varios de sus exintegrantes. Estrada cumple condena de prisión en EE. UU. por narcotráfico y de lo cual se declaró culpable. Pese a ello, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido incapaz de cancelarlo, pues en su página digital todavía aparece su logotipo con la anotación de que su supresión está “en proceso”.

Partidos señalados de financiamiento ilícito, sin respaldo o con supuestas pruebas de descargo entregadas años después de los reparos han sido salvados de la cancelación por resoluciones judiciales oficiosas o la parsimonia de los magistrados. Tal impunidad sienta nefastos precedentes. La laxitud en la aplicación de la ley respecto de plazos y detalles de ingresos de los partidos políticos solo abre espacio a la infiltración de dinero sucio.

Por estos días se difunde una campaña publicitaria del TSE, según la cual se afirma que trabaja “arduamente” para garantizar el próximo proceso electoral. Quizá haga falta matizar que tal forma adverbial debió entrar en función desde los primeros días de su gestión, en el 2020, cuando detuvieron todas las sanciones para una supuesta revisión que en varios casos se volvió condonación. Como mínima prueba de rectificación deberían aplicar, desde ya, una exigente auditoría a todos los ingresos de fondos partidarios, reportados o no, para indagar sobre su origen. Eso sí sería un trabajo arduo que no necesitaría publicidad, porque hablaría por sí mismo.