Fracasó el intento de golpe a la libre emisión del pensamiento por parte de la fiscal general, Consuelo Porras: la Corte de Constitucionalidad rechazó un ominoso amparo solicitado el viernes último para acallar las manifestaciones frente a la sede del Ministerio Público y para censurar, bajo pretextos inaplicables, las críticas a su gestión. Para disimular tan grave atentado constitucional, la acción se planteó contra el presidente, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil, no se sabe si a compadre hablado o para comprometerlos a reprimir a la ciudadanía. En ambos casos, los deja mal parados, pues el señalamiento los pinta como ineficientes en el cumplimiento de su labor, algo que obviamente no ha sucedido, pues dicho edificio ha permanecido resguardado día y noche por vallas policiales.

Se desconoce a ciencia cierta quiénes estuvieron a cargo de confeccionar el expediente de tuits y quejas. La exigencia despótica parece urdida por un tinterillo y no por la máxima autoridad de la entidad encargada de la persecución penal en el país, que lo firma, lo cual es preocupante.

Pero que nada de lo anterior llame a engaño: la intención era perversa y totalmente opuesta al estado de Derecho por el cual la Fiscalía General debe velar. Tal intentona debería ameritar una pesquisa acuciosa por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, pero ya se sabe que el titular de esta entidad está plegado al oficialismo y no le importa defender al pueblo. Quizá podría ejercerla alguna comisión del Congreso de la República, pero esta misma legislatura ha intentado previamente otras formas de censura contra la prensa, a través de decretos leguleyos e insostenibles.

La Corte de Constitucionalidad no puede ser considerada como salvadora de las garantías, pues solo actuó con la función para la que fue creada, pero aún le falta más trabajo. Por ejemplo, poner en su lugar al juez que prosiguió con una orden inviable de cancelar a un partido político, Movimiento Semilla, emitida en pleno proceso electoral, a pesar de la prohibición expresa en la Ley Electoral, de rango constitucional. Lo mismo valdría decir de la fiscalía que ha acosado al Tribunal Supremo Electoral con la clara intencionalidad de desarticularlo: otro golpe a la democracia que la CC está obligada a abordar con gallardía y sin más fidelidad que a la Carta Magna.

En todo caso, el pleno de magistrados del TSE hizo oficiales los resultados de las elecciones en segunda vuelta, en las cuales fue claro ganador el binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, quienes ya son presidente electo y vicepresidenta electa, en unos comicios transparentes, participativos y con muy pocas impugnaciones que no alteran las cifras obtenidas. La gran perdedora, por tercera vez, Sandra Torres, debería mostrar un poco de madurez política y mediana sensatez para reconocer el triunfo de sus adversarios, a pesar del apoyo de alcaldes y diputados oficialoides.

El pleno de magistrados del TSE tendrá que enmendarle la plana al registrador de Ciudadanos, bajo el amparo de la norma constitucional. Deberá solicitar, además, apoyo internacional, a través de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la decisión libre y democrática de la ciudadanía. Ninguna leguleyada puede ni debe socavar los cimientos de la democracia. En todo caso, debe poner en evidencia la falta de idoneidad de determinados funcionarios que hace rato abusan de su poder. Y cabe recordarles que ninguna crítica a funcionarios públicos constituye falta o delito.