De entrada se patentiza de manera tácita la intolerancia gubernamental ante los indicios y reclamos de respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa, al calificar de “irresponsable” el informe de la Asociación de Periodistas de Guatemala que denuncia decenas de atropellos impunes contra estas garantías, casos judiciales llevados con la obvia finalidad de acallar a medios incómodos y las dificultades de acceso a las fuentes de información, sobre todo en lo relacionado con las asignaciones de proyectos, cuestionamientos sobre la ejecución de recursos del período actual y el devenir de denuncias penales que invocan una reserva judicial dudosa que más parece útil para ganar tiempo y entorpecer el derecho de defensa.

Es ciertamente más fácil recibir la cobertura de medios complacientes, con preguntas cómodas que más parecen pies teatrales. Las cuestiones críticas sobre incumplimiento de planes, incoherencias de palabra y acción o continuidad de prácticas que supuestamente se iban a erradicar suelen causar escozor y aversión, lo cual a veces se evidencia en respuestas hoscas a reporteros incisivos.

Es contrastante la solícita asistencia del actual binomio presidencial a giras de medios, cuando eran apenas candidatos en campaña y ofrecían toda clase de respuestas a los problemas nacionales: lucha contra la desnutrición, recuperación de las carreteras, erradicación de las compras con dedicatoria, modernización del sistema de salud o de la educación pública. A lo largo de sus cuatro campañas, el actual mandatario gozó de la garantía de libre expresión para cuestionar incumplimientos de cada gobierno, palabras que hoy son su mayor adeudo y contrapunto histórico, pero también el de todo aspirante a un cargo público.

El informe de la APG registra tan solo de enero a octubre de este año 105 incidentes de agresión, limitaciones y conculcación de la libre expresión. Si el lapso de análisis se amplía de 2020 a la fecha, son 389 los ataques directos o indirectos, incluyendo acciones judiciales sospechosas, como la innecesaria declaratoria de procesos bajo reserva y la poca investigación de las denuncias por parte del Ministerio Público, según detalla la entidad.

Por coincidencia, una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reportó dificultades para el ejercicio informativo independiente en el país, debido a la intolerancia de autoridades de todo nivel a la rendición de cuentas, a la auditoría pública y a la labor de periodistas acuciosos. “Nos preocupa la presión contra la libertad de prensa y el periodismo independiente”, declaró el organismo en un comunicado a través del cual señaló posibles vicios en el proceso judicial contra el periodista Jose Rubén Zamora y un patrón de ataques contra comunicadores mediante “netcenters”, cuya correlación de mensajes y blancos es evidente. Denunciar estos extremos no tiene ninguna finalidad política ni ideológica, pues solo se busca salvaguardar las garantías democráticas para todos.

Eso sí, conforme se acerca el período electoral, gobernantes, diputados y alcaldes aumentan su susceptibilidad, quieren publicidad y no denuncias, quieren flores y no verdades acerca de los fiascos en que pararon los ofrecimientos de idílicos e inexistentes planes de Estado. Arrecian las críticas, reales o fingidas, de presidenciables, pero allí sí hay avidez política. Allí es donde la prensa independiente plantea y mantiene su servicio al ciudadano, que no depende de veletas convenencieras. La libertad de prensa es para que la población se informe, constate y decida con hechos, no con publicidad oficialista o eslóganes reciclados.