El estruendoso fracaso electoral del oficialismo, el estentóreo rechazo al Pacto de Corruptos expresado por la ciudadanía en las urnas y una directiva afín al gobierno feneciente son tres factores que se conjugan para crear no una tormenta perfecta, sino un pantano perfecto para el Organismo Legislativo, que se encuentra sumido en una evidente crisis de liderazgo a causa de la ausencia de operadores políticos con la suficiente autoridad moral y madurez intelectual como para poder echar a andar un último período de sesiones con mediana claridad.

Esta situación de inamovilidad se ve evidenciada en siete interpelaciones pendientes, que más parecen un distractor o un recurso dilatorio que un verdadero ejercicio de fiscalización, que es el objetivo primario de este tipo de acción. A cinco meses de finalizar el gobierno y también la legislatura, existen prioridades nacionales de gran utilidad pública y de alto impacto en las perspectivas de productividad, tales como la aprobación del proyecto vial de Escuintla a Puerto San José y la Ley General de Infraestructura, la creación del Instituto Guatemalteco para la Competitividad, las Inversiones, las Exportaciones y el Turismo, mediante la ley Pro Guate y la Ley de Alumbrado Público, de notoria urgencia.

Lamentablemente, es muy probable que el desencanto postelectoral de un centenar de diputados que no fueron reelectos figure como causal primaria del desgano respecto del devenir nacional. Las leyes mencionadas, más otras de suprema importancia, han sido relegadas repetidamente, ya sea por intereses ocultos, presiones o simple incapacidad para abordar la tarea de formular normas coherentes, visionarias y enmarcadas de forma y fondo en la Constitución.

No está de más mencionar, dentro de esa lista de pendientes legislativos, la nueva ley rectora del Servicio Civil, que debe servir para aniquilar la expansión de la burocracia clientelar o las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones, para establecer un régimen de transparencia en el uso de los recursos públicos.

El fracaso de una onerosa sesión plenaria que tuvo como sede un hotel capitalino, poco antes de las elecciones, fue la mejor evidencia de la atomización de fuerzas legislativas y del descontrol que priva entre los representantes. La ley de régimen interior del Congreso debería sumarse a la lista de cambios urgentes, a fin de penalizar con descuentos y multas a los diputados que se ausenten de las sesiones sin una causa justificada y fehaciente.

Existe un tentador botín en este último ciclo de la legislatura. Pese a los atrasos vaticinados por las comisiones de postulación de magistrados a Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones, tarde o temprano comenzará la evaluación y configuración de las listas de aspirantes seleccionados, un proceso cíclico en el cual los partidos políticos no resisten la tentación de mover sus fichas en el tablero para tener algunas posibilidades de influencia en el Organismo Judicial.

Es bastante previsible que para estos propósitos reviva el pleno como por arte de magia. Ojalá fuera para efectuar una selección fundamentada en capacidades y rectitud, pero ante la evidencia de los tres años y medio anteriores, todo optimismo puede parecer ilusorio, sobre todo si se toma en cuenta la cantidad de diputados con procesos de antejuicio o las bancadas que en enero quedarán diezmadas, pero que no perderán ocasión de trazar nuevos pactos.