Con pocos días de antelación, sin mediar ninguna conversación bilateral entre gobiernos y sin importar acuerdos regionales de libre circulación de personas centroamericanas, el ministro de Gobernación de Costa Rica, Mario Zamora, anunció el requisito de visa a todo hondureño que entre a su territorio. La medida fue publicada en el diario oficial costarricense el 6 de octubre y entró en vigencia el 10, solo cuatro días después. La reacción de las autoridades de Honduras fue la de imponer, a su vez, el requisito de visas a costarricenses, además de un pliego de constancias burocráticas sobre ingresos, empleo, motivo de visita y hasta un inexistente certificado de Interpol.

El pulso de visados ha generado en 10 días una complicación sin precedentes para el tránsito de mercancías, debido a que pilotos hondureños deben tramitar visa antes de ingresar a Costa Rica, y viceversa. El problema es regional, porque hay mercancías provenientes de Panamá con destino a varios países, incluido Guatemala.

La justificación que dio el ministro de Costa Rica fue que su país afronta una crisis de violencia criminal a causa de la llegada de sicarios del crimen organizado. Afirma que muchos de ellos son “hondureños” y justifica con tal juicio la medida, que afecta a personas y empresas que transitan entre ambos países por negocios, turismo y trabajo. Existe un vacío adicional en dicha generalización y es que se supone que la visa constituye una barrera infranqueable para el paso de individuos con nexos delictivos. De sobra es conocido que existen en Centroamérica centenares de pasos ciegos por donde a diario transitan miles de personas. Es obvio que las bandas de maleantes no se atienen a requisitos legales para sus fechorías, pero sí todo el comercio, ahora entorpecido.

Entre países centroamericanos tenemos muchos aspectos en común. Uno de ellos es, por infortunio, la propensión a la negligencia, a la reacción y poco análisis por parte de funcionarios al tomar decisiones. Se busca dar un golpe de efecto en la opinión pública local, sin percatarse de que el mundo no termina en las fronteras nacionales. Causa extrañeza que el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, haya avalado el visado unilateral pese a ser un economista que trabajó en el Banco Mundial y que, se supone, debería tener una visión sistémica de la actividad productiva.

En todo caso, cada país tiene derecho a su propia administración de recursos legales e institucionales, aunque cuando esas medidas, ya sean fundamentadas o antojadizas, tienen un impacto regional, económico y de productividad, deberían contar con un filtro de diálogo en las instancias de integración vigentes, como el Sistema de Integración Centroamericano o la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que son las más funcionales, confiables y fuertes. No se hace referencia al Parlamento Centroamericano por su carácter anodino y politiquero.

Los llamados a que ambos gobiernos depongan sus medidas de “visado por seguridad” son múltiples y no solo por razones políticas, sino en favor de la eficiencia en el transporte y el comercio. El Comité Consultivo de Integración Centroamericana, que agrupa a 13 federaciones y 70 cámaras y asociaciones comerciales —que abarcan a unas 50 mil empresas—, demandan madurez a los mandatarios Xiomara Castro, de Honduras, y Chaves, de Costa Rica, con el fin de suspender el requisito y propiciar un diálogo que incluya, también, medidas efectivas de seguridad pública local y regional.