En redes sociales se han podido observar con frecuencia videos de jinetes fuertemente armados que se disputan el derecho de pasar primero, riñas con ostentación de fusiles de asalto en ferias titulares o alardes de poder de presuntos capos locales o lugartenientes. Tal capacidad armamentista evoca estados del norte de México fronterizos con Estados Unidos, donde el narco reta abiertamente al Gobierno. Por infortunio, y cada vez con mayor frecuencia, tales exhibiciones se dan en cabeceras departamentales guatemaltecas. Recientes sucesos de este tipo ocurrieron en desfiles hípicos de Palín, Jalapa, Chiquimula y Amatitlán.

A veces los conatos llegan a la violencia descarnada, como lo reportado el 11 de julio último en el desfile hípico por las fiestas de la cabecera de Huehuetenango. Tres muertos y varios heridos dejó una balacera ligada a riñas de bandas delictivas. La comuna local decidió prohibir por tiempo indefinido estos desfiles, debido a que se han tornado proclives a demostraciones de poder de grupos ligados al narcotráfico, contrabando y trata de personas.

Por aparte, existen disputas territoriales, aterrizaje de narcovuelos provenientes de Sudamérica y fuertes sospechas de nexos de ciertos alcaldes con carteles mexicanos. En junio fue extraditado a Estados Unidos, por acusaciones de presunto tráfico de drogas, el jefe edil de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Marroquín, quien competía por la reelección con el partido oficial y en sus mitines presumía de su supuesta cercanía con el poder Ejecutivo. De hecho, con ese partido se reeligieron varios diputados que pertenecían a la extinta organización Unión del Cambio Nacional, calificada de narcopartido y fundada por el expresidenciable Mario Estrada, preso en Estados Unidos y confeso de narcotráfico.

Aún quedan varios pendientes de extradición, entre ellos el diputado suplente al Parlamento Centroamericano Freddy Arnoldo Salazar Flores, quien obtuvo el cargo en el 2015 con el partido Líder y en 2019 fue reelecto con la UCN; también el legislador José Armando Ubico Aguilar, electo al congreso con Todos, y Crystian Omar Escobar Ángel, alcalde de El Rodeo, San Marcos, quien fue electo en 2019 por Creo. No son los únicos ediles y congresistas con fuertes señalamientos, pero, por desgracia, otros se han logrado atrincherar en posiciones en las que gozan de inmunidad y cargos de decisión pública. En otros casos, como el del expresidenciable Manuel Baldizón, fueron las autoridades electorales las que denegaron su inscripción como candidato a diputado, por considerarlo no idóneo, debido a que fue convicto en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero del narcotráfico, que admitió.

El asedio es constante y los intentos por infiltrar al Estado también. La capacidad corruptora de ingentes fondos ilícitos es uno de los grandes retos para las autoridades del país. Guatemala fue incluida ayer por el presidente de EE. UU., Joe Biden, en la lista de los que reportan mayor producción y trasiego de drogas. Pese a las incautaciones y capturas que efectúan la Policía y el Ejército, las redes criminales se reacomodan, se reubican y algunas se alían.

El peligro constante para la seguridad ciudadana y del Estado está plenamente demostrado en las balaceras, masacres, ejecuciones e incluso abiertos desafíos a las instituciones de justicia, las cuales deberían aguzar sus mecanismos de control interno para evitar infiltraciones. A su vez, Estados Unidos debe compartir la información provista por delincuentes confesos para ayudar al combate frontal y también para exhibir públicamente a adláteres y traidores.