Desde el inicio sonaba a disparate la idea de comenzar a rellenar con lodocreto el socavamiento del kilómetro 15, Villa Nueva, apenas un día después de ocurrido y sin haberse efectuado suficientes análisis geológicos, hidrológicos y sísmicos. Si bien fue un método utilizado para la reparación de grandes hundimientos, como el del barrio San Antonio, en 2007, o el de Ciudad Nueva, zona 2, aquellos conllevaron al menos varias semanas de estudios y cálculos.

Peor aún, dadas las características del daño suscitado en este importante tramo, se rehuyó la decisión de limitar el paso de transporte pesado por el puente Enrique Tejada Wyld, que da acceso al casco central de Villa Nueva, sino más bien se siguió utilizando de forma intensiva, a pesar de que una de sus bases se encuentra a menos de 50 metros del agrietamiento. Las lluvias de ayer en la madrugada aceleraron el estentóreo fracaso del relleno, que ya era anunciado como un supuesto logro por las autoridades de Covial pero literalmente se disolvió, justo el mismo día en que la presidenta del Congreso acudía a acuerpar al alcalde de la localidad, ofreciéndole lo que necesitara.

Mientras tanto, el director de Covial, Mario Aguilar, ante el fiasco del relleno deslavado afirmó sin ambages que continuarían vertiendo más concreto en el agujero. Total, el dinero utilizado no es suyo, sino de los contribuyentes. Lo procedente habría sido reconocer el error y reforzar el estudio científico, técnico y estratégico para identificar los factores concurrentes, así como las opciones viables de exploración y reparación. En Villa Nueva han ocurrido ya dos incidentes como el actual, por lo que ya debería tener un estudio de los estratos del subsuelo y de la red de drenajes.

En efecto, la carretera afectada es fundamental para la actividad económica y productiva del país. Es urgente su reparación y puesta en servicio, pero esta urgencia no implica improvisación y mucho menos aprovechamiento para el desperdicio de recursos públicos en ocurrencias infundadas. Como mínimo, las acciones, decisiones y adjudicaciones del director de Covial deben ser objeto de auditoría por parte del Congreso y de la Contraloría General de Cuentas. Podría añadirse que, dados los efectos y antecedentes, le debería exigir responsabilidades el propio presidente Giammattei Falla, pero él es el gran ausente de esta crisis.

Más allá de Villa Nueva se reportan daños en la infraestructura vial del país a causa de las lluvias de la semana última. Se habla de declarar estados de Calamidad y de buscar fondos para reparación, pero ahí entra otro disparate legal: de los Q3 mil 191 millones recetados por el Congreso al Ministerio de Comunicaciones, no puede utilizarse ni un centavo para urgencias como las actuales porque así lo urdieron los diputados del pacto oficialista. Estaban más interesados en obra electorera que en el bien común. Este es el momento de corregir dicho entuerto, enmendar el decreto y reorientar tan voluminoso paquete a propósitos prioritarios. Caminos y Covial tienen los recursos. El Legislativo debe enmendar la plana, no solo en cuanto a su uso, sino en exigir cuentas a funcionarios cuyas improvisaciones devienen en risibles pero costosos fiascos.