Tal como lo indica el nombre de la Organización de Estados Americanos, se trata de una entidad que agrupa a Estados, entendido este término, a la luz del Diccionario de la Lengua Española, como “una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e independiente”. Esto es muy importante de resaltar, puesto que ante la invocación de la Carta Democrática de la OEA, solicitada el 23 de noviembre por el presidente Alejandro Giammattei con el argumento de un supuesto intento de ruptura del orden constitucional, es preciso puntualizar que el gobierno de turno, es decir, el Organismo Ejecutivo, es solo uno de los componentes del Estado de Guatemala, según lo detalla la misma Constitución.

La OEA designó una misión de evaluación que se entrevistó en los últimos días con diversos sectores y autoridades, a fin de conocer las interioridades de la realidad guatemalteca, que vive un momento crítico debido a los reclamos ciudadanos de mayor transparencia en el actuar de las autoridades del Ejecutivo y el Congreso. Dicho descontento tuvo un detonante en la aprobación apresurada, con secretismo y nocturnidad, de un presupuesto deficitario, abierto al clientelismo y con algunos rubros dudosos. Debe hacerse notar que la noticia trascendió la madrugada del 18 de noviembre, cinco días antes del pedido a la OEA.

De seguro los enviados recibieron durante sus entrevistas versiones encontradas, perspectivas desde distintos ángulos e incluso algunos datos que podrían resultar contradictorios, pero que al efectuar un cruce analítico, ecuánime y técnico de la información, unido al contexto y la representatividad de los entrevistados, el resultado debe ser un examen imparcial del estado de salud de la democracia guatemalteca. Eso se espera, ni más ni menos, de una delegación visitante que se acercó a esta nación con el ánimo de mantener a buen resguardo el sistema representativo, la institucionalidad, las libertades y los derechos.

Algunos sectores han señalado que el Ejecutivo se precipitó al invocar la Carta Democrática y es posible que así haya sido. Pero, en todo caso, tal prisa favorece a las legítimas aspiraciones democráticas, ya que colocó la situación del país y, por ende, las acciones del gobierno, en el ojo internacional. No en balde, el Artículo 4 de la invocada Carta Democrática establece: “Son componentes fundamentales del ejercicio democrático la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

En otras palabras, lo más probable y lo más digno para un organismo de la talla de la OEA es que el gobierno de Giammattei reciba, no una absolución o una condonación moral de sus deficiencias, sino una descripción ordenada y detallada de los factores contradictorios, de las altas expectativas de los ciudadanos guatemaltecos y de los aspectos en los cuales debería mostrar mayor apertura al diálogo sistemático, público e incluyente. De hecho, el capítulo 6 de la Carta Democrática es elocuente: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”.