Editorial
Los defraudadores andan sueltos
Los propios magistrados, con su avidez por perpetuarse de facto, son los que desgastan a la CSJ y defraudan a la ciudadanía.
Es difícil decir quién defrauda más. Primero está ese combo aún no identificado de socios del saqueo, integrado por accionistas y representantes “legales” de al menos 410 empresas de cartón, que no llegan ni siquiera a fachada, porque sus sedes fiscales son falsas, sus activos son inexistentes, sus ventas por miles de millones a entes gubernamentales por “bienes” y “servicios” no se sabe si fueron reales, sus “declaraciones” fiscales son un perjurio y sus adeudos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), es decir, al Estado — léase guatemaltecos— son una afrenta descarada e impune que debió tener cómplices y ahora debe tener consecuencias.
La competencia es fuerte por defraudar la confianza pública. Otro pelotón de seguimiento está constituido por ese combo de comisionados, sobre todo magistrados y designados por el Colegio de “Abogados” que abdican de las obligaciones legales adquiridas y aceptadas desde el momento de proponerse de forma voluntaria para integrar las postuladoras a Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones. Primero, enarbolan y alaban un limitado concepto de “reconocida honorabilidad”, al descartar de antemano, “sin entrar a conocer”, cualquier tacha, señalamiento o nexo sospechoso contra aspirantes, porque solo admitirán condenas firmes. Lo que no se sabe es si se trata de incapacidad para evaluar, falta de valor para enfrentar una obligación tácita o carencia de la misma.
Asimismo, causa una profunda decepción la docena de magistrados de la CSJ que, de acuerdo con el presidente de dicho organismo, Óscar Cruz, buscarían retrasar más el proceso de postulación a fin de aferrarse al cargo, replicando el nefasto precedente de la anterior magistratura que tuvo el pretexto perfecto, con el aval del anterior oficialismo en el Congreso.
También está por verse si hay acciones efectivas, firmes y rotundas del Ministerio Público (MP) en contra de esta megaestructura de masiva y criminal defraudación fiscal. Los antecedentes son poco prometedores, puesto que hay múltiples denuncias de obra pública deficiente, fraudes hospitalarios y lúbricos favoritismos hacia ciertos proveedores que de un año para otro pasaron a recibir pedidos por montos multimillonarios. La denuncia de la SAT no puede ni debe caer en saco roto o perderse en el laberinto de la parsimonia, en vista de los indicios aportados, la dimensión de la red y hasta las amenazas de muerte contra el propio superintendente Marco Livio Díaz.
El aparato de justicia está a prueba, empezando por el MP, aunque también por las acciones de los juzgados correspondientes. Recientes resoluciones de salas y jueces que favorecen a exconvictos y exprófugos defraudan la expectativa ciudadana de establecer precedentes ejemplares en contra de la corrupción.
Por eso es relevante el proceso de postulación que ya ha sido entrampado por estériles discusiones sobre la sede física. Ayer se anunció en la comisión para aspirantes a magistrados de Apelaciones que no solo renuncian a evaluar la honorabilidad, sino que tampoco harán entrevistas a los candidatos, ahora, al parecer, por “falta de tiempo”. Entonces, ¿para qué necesitarán una sede? ¿Para validar allegados sin criba? ¿Para votar en secreto por una nómina acrítica?
Y de colofón, baste comentar la excusa de una magistrada integrante de la comisión, que no quiso abordar la reyerta en la CSJ. Dijo que la información periodística desgasta la imagen de la corte, pero se equivoca. Los propios magistrados, con su avidez por perpetuarse de facto, son los que desgastan a la CSJ y defraudan a la ciudadanía.
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