Fácil resulta para múltiples politiqueros candidatearse ofreciendo “ayudas” y “oportunidades” a las electoras. Regalan víveres, abrazan niños, critican la inacción del momento y una vez en la curul se convierten en esa misma inercia ciega, muda, sorda, indolente: desayunan, almuerzan, refaccionan y cenan exquisitas y variadas viandas a cuenta del erario, y hasta consideran minucias tales fondos que bien podrían servir para apoyar a mujeres en precariedad, que existían antes de la pandemia y que hoy piden auxilio económico o una oportunidad de trabajo, con banderas blancas en pasarelas y bulevares.

No faltan las congresistas que se fotografían vestidas con el color simbólico del día de la no violencia para promocionarse en sus respectivas redes sociales, pero las desmiente el centenar de iniciativas de ley en beneficio de la mujer que siguen engavetadas. En dos años de la actual legislatura no se ha aprobado una sola normativa específica en beneficio de las guatemaltecas, que integran el 51% de la población.

Ni siquiera porque diputadas de la alianza oficialista han ocupado cargos en la directiva e incluso han presidido temporalmente el Legislativo se ha logrado incluir en discusiones de pleno leyes como la de desarrollo económico de las mujeres, la de prevención, atención y sanción de la violencia sexual y psicológica a la mujer en instituciones públicas, la de desarrollo integral de las guatemaltecas o las reformas a la ley de Femicidio, para evitar el uso tergiversado en que han incurrido ciertas funcionarias o exfuncionarias señaladas de corrupción para rehuir la cuentadancia y las críticas a los asuntos inherentes al cargo ocupado.

Es una paradoja total que la Comisión de la Mujer en el Congreso esté presidida por un hombre, quien se limita a reconocer la prevalencia de prejuicios y esquemas machistas. Los mismos partidos políticos exhiben en cada proceso eleccionario una notoria resistencia a la equidad, al presentar listas de candidatos sin alternancia de hombres y mujeres, y no porque no existan profesionales capacitadas. Luego, en cada campaña vuelven a las vallas, los afiches y los discursos cursis para atraer a las votantes.

La ciudadanía guatemalteca está llamada a reclamar, enmendar y mejorar las condiciones de vida de millones de mujeres, sobre todo niñas y adolescentes que son presa de abusos sexuales, uniones forzadas, esclavitud y falta de acceso a una educación integral. La debacle continúa. En la línea de denuncias del Ministerio Público se reciben 11 denuncias al mes de embarazos de niñas menores de 14 años, pero el reto no está en detectar casos, sino en sentar precedentes judiciales ejemplares.

El problema es grande, pero a menudo la indolencia también lo es. En 2021 van más de 57 mil denuncias por violencia física, sexual, psicológica y económica contra mujeres. La impunidad y la inacción, bajo diversos pretextos, contribuyen con el incremento de víctimas. Hay múltiples ejemplos. Baste citar uno: en el apogeo de la crisis de migrantes haitianos en el oriente del país, algunos sectores locales pidieron auxilio a la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), dependiente de la Vicepresidencia, por indicios de delitos de este tipo incluso contra mujeres. La respuesta de la titular fue que solo trabajaban en “prevención” y no en atención directa de casos; es decir, más cursos y discursos burocráticos, en lugar de poner sus recursos y potestades, asumidas voluntariamente y bajo juramento, en acción.