La captura de Sandra Torres opacó noticiosamente la convocatoria palaciega del lunes último, durante la cual, diatriba aparte, se presentó el voluminoso presupuesto de Q91 mil 900 millones para el 2020, el cual traza una meta fiscal sobreestimada que igualmente no alcanza a cubrir todos los gastos, por lo que se plantea cubrir la brecha mayoritariamente con más emisión de bonos, es decir, con más deuda. Es notoria la continuidad de varios vicios de la estructura del gasto estatal que se repiten desde hace décadas, pero que el gobierno efecenista prolongó e incluso acentuó a causa de compromisos clientelares, imprevisiones programáticas e incoherencia de prioridades.

El principal vicio sistémico que no se ha logrado corregir es que el mayor porcentaje de las partidas se destina a gastos de funcionamiento y, dado el financiamiento de anteriores ejercicios, al pago de intereses de deuda. Esto causa una inercia improductiva, puesto que ministerios y secretarías reciben dinero que prioriza los salarios del personal sin ninguna verificación de desempeño o de la pertinencia de los puestos. La incidencia de toda esta burocracia en el bienestar de los guatemaltecos es prácticamente nula, dados los retrocesos en varios indicadores de desarrollo.

Otro de los defectos atávicos del presupuesto es ampliarlo sin tener la seguridad de contar con los ingresos fiscales para sufragarlo, y por lo tanto se recurre a más deuda, una solución fácil pero que hereda, administración tras administración, generación tras generación, una cuenta por pagar que ya fue devorada por otros.

La visión irreal de posibilidades es otro de los lastres que arrastra el plan de gasto, puesto que incluye, por primera vez, proyectos relacionados con alianzas público-privadas para la infraestructura, lo cual en sí mismo no es malo, pues constituyen nuevas vías para ejecutar obra. El problema es la inclusión de seis proyectos de muy largo plazo para gastar en un año: el Metro Riel, la modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora, el Sistema de Transporte Público Masivo, el centro Administrativo del Estado, la Vía Exprés Nororiente y el Puerto Intermodal Tecún Umán II en San Marcos. Este paquete de megaobras suena inviable, no por pesimismo, sino por una evidencia práctica: existe un proyecto que no figura en esta lista pero debería ser el prototipo de ejecución y manejo, y que aún no ha logrado la aprobación del Congreso: la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal. Por eso decimos que los presupuestos deben estar diseñados con una visión de viabilidad política para su ejecución.

Pero sin duda el pecado original de los presupuestos guatemaltecos es la meta irreal de recaudación, combinada con una estructura fiscal que no posee los suficientes dientes para combatir a los evasores del IVA, del impuesto sobre la renta o a las redes de contrabando y la defraudación aduanera.

La opción más obvia para los políticos apunta a inventar una nueva reforma tributaria, pero demostrado está a nivel continental que de nada sirve sacrificar al sector productivo, a la clase media y a los profesionales independientes, si la moral tributaria es endeble y si el despilfarro persiste, ya sea en artículos suntuarios, banquetes, pactos colectivos lesivos o listados de obras con dedicatoria y tajada incluida. Urge cambiar el paradigma presupuestario.