Se desconocen a ciencia cierta, pero no son difíciles de suponer, las conveniencias, componendas y discrecionalidades que llevaron a la permanencia del ahora exdirector de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, desde la segunda mitad del período de Jimmy Morales y durante todo el cuatrienio de Alejandro Giammattei, a pesar de su evidente incapacidad y repetitivas fallas en infraestructura y seguridad en las instalaciones aeroportuarias del país. A lo largo de sus 56 meses en el cargo fueron recurrentes las denuncias de irregularidades, deficiencias y dudosas concesiones en el Aeropuerto Internacional La Aurora de parte de casi la totalidad del sector turístico y usuarios.

Apenas tres meses después de la llegada de este funcionario, en julio de 2018, el MP efectuó 14 diligencias de allanamiento en oficinas de la DGAC y en los hangares, relacionadas con pesquisas por narcotráfico. En agosto de 2019 se efectuaron de nuevo 13 cateos en áreas similares, por sospechas de delitos relacionados con narcotráfico. Hubo una captura y nunca más se supo qué ocurrió con el caso. No es que Argueta estuviera vinculado con cualquiera de los actos denunciados, pero sí era notorio el descontrol sobre la seguridad de las instalaciones, lo cual tiene incluso implicaciones internacionales.

En el 2020, el entonces mandatario Giammattei anunció la conversión de la pista aérea de Puerto San José en un “aeropuerto de carga”, pero, para no hacer larga la historia, se llegó el fin de su período sin que tal instalación se encuentre en condiciones de funcionar, además de las obvias complicaciones logísticas, conexión vial y costos para operadores, aerolíneas y usuarios. En agosto último, a toda prisa, se declaró el aeródromo de Quetzaltenango como aeropuerto internacional, pese a que ni siquiera tiene iluminación nocturna de pista y mucho menos una terminal adecuada.

Argueta, quien dimitió poco antes del anuncio presidencial de que solicitaría su destitución, es el epígono de toda una secuencia de directores e interventores de Aeronáutica que pasan de manera irrelevante. De cara al futuro este patrón debe cambiar si en verdad se busca transformar la industria turística de Guatemala en todas sus ramas. A lo largo de casi cinco años prosiguieron los problemas como sanitarios en mal estado, escaleras eléctricas descompuestas, deficiente ornato de las salas de espera, aire acondicionado inservible y reparto antojadizo de espacios comerciales. A esto se suma una escasa cuentadancia, ya que en el sitio digital de Aeronáutica Civil solo hay reportes de compras directas hasta febrero de 2023.

Las líneas aéreas y operadores turísticos han presentado incontables quejas que solo reciben dilaciones o parches, mas nunca una consecuencia legal contra los responsables. Por ser una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, debe existir una corresponsabilidad y una auditoría especial de gastos, al menos de las tres últimas administraciones de Aeronáutica Civil. Los fraccionamientos de adquisiciones de equipos y servicios son otra práctica que genera la discontinuidad en el mantenimiento de la infraestructura, lo cual es intolerable a estas alturas de la historia.

El año pasado se calculó en US$170 millones el costo de modernizar el aeropuerto La Aurora. Es una inversión alta pero seguirá subiendo, con todo y costo de oportunidad, si no se enfrenta el asunto de frente, con transparencia y visión estratégica. Existen alternativas como una licitación internacional para una alianza público privada, pero generan tal ruido que solo evaluarlas representa una dilación que padecen los usuarios nacionales, extranjeros y los migrantes que visitan a sus familias.