Si bien ya existen normativas en contra del lavado de dinero, las gavillas de corruptos y el crimen organizado buscan formas cada vez más alambicadas de hacer pasar por limpio el producto de sus fechorías, amaños, trasiegos y delitos. La batalla contra estos flujos de efectivo pestilente es constante y los protocolos de alerta son parte del quehacer de las entidades bancarias, que son las encargadas de levantar banderas al detectar toda transacción sospechosa, ya sea por su monto, recurrencia, área geográfica, denominación, historial fiscal de personas individuales y jurídicas o una combinación de estos factores.

A su vez, Guatemala forma parte de un sistema global integrado, en el cual se monitorea la actividad financiera, que en el caso de personas honradas y empresas sólidas tiene sus propios patrones de conducta y reportes tributarios, que en no pocos casos ciertos grupos criminales tratan de instrumentalizar, sobre todo para el cobro de extorsiones. Afortunadamente las campañas referentes a no prestar a nadie los documentos ni el uso de las cuentas bancarias ha sido efectiva para la denuncia de tales intentos.

Leyes existentes como la de Combate del Enriquecimiento Ilícito han sido herramientas claves para descubrir la proveniencia de fondos aparentemente legales. Una primera generación de tales herramientas y la cooperación internacional han permitido detectar depósitos ilícitos a cuenta de la corrupción, como ocurrió con los cheques de donaciones que depositó en cuentas a nombre de familiares el expresidente Alfonso Portillo, confeso y por lo cual purgó prisión en EE. UU. Similares rastreos se han podido efectuar en otros casos que involucran a exgobernantes y exfuncionarios que se encuentran bajo proceso.

A fuerza de normativas y actualizaciones, Guatemala ha salido de listas negras de paraísos fiscales. El papel de la Superintendencia de Bancos y específicamente de la Intendencia de Verificación Especial es crucial para el éxito de estos esfuerzos de índole técnica y económica que pueden llegar a tener gran impacto en la seguridad pública, la certeza jurídica e incluso la estabilidad democrática.

Sin embargo, la tarea aún no termina, precisamente porque corruptos y corruptores buscan nuevas vías para disfrazar sobornos, sobrecostos, comisiones ilegales o vulgares robos a costa del erario. Este tipo de porosidades representa riesgo para las metas nacionales de desarrollo, pero también pueden llegar a ser peligros geopolíticos, pues a veces tales fondos son utilizados por organizaciones dedicadas al terrorismo.

Desde hace un año se encuentra varada en el Congreso la iniciativa de ley 5820, cuyo fin es la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo. El Ejecutivo la trasladó en agosto del 2020 al Legislativo y no se presentó sino hasta noviembre al Pleno, que la envió para dictamen a las comisiones de Economía y de Finanzas, las cuales no la han discutido, pese a que se trata de una normativa obligada para cumplir tratados internacionales. Cabe cuestionar si la presencia de partidos vinculados con fondos provenientes del narcotráfico tiene alguna incidencia en este ninguneo legislativo, pero a la vez se puede preguntar si en dichas comisiones no existen otros diputados conscientes y responsables que puedan agilizar el trámite, comenzando por sus respectivos presidentes. De no discutirse y aprobarse en el corto plazo, el país corre riesgo de ser colocado de nuevo en un abyecto índice de opacidad global.