Uno de los más perjudiciales conflictos de interés, alimentado por la tibieza del Tribunal Supremo Electoral, es la inscripción de contratistas viales del Estado —o supuestos excontratistas— como candidatos a diputados o alcaldes. Estos personajes se desligan de sus empresas en los papeles, y una vez montados en la curul o la silla edil hacen todo lo posible para conseguir la adjudicación de proyectos para las empresas que ya no son suyas, pero sí de sus cónyuges, hijos, hermanos, exsocios o allegados de cualquier tipo, con lo cual la ley queda cumplida, pero burlada, el proyecto a medias o malhecho y la ciudadanía imposibilitada de poder reclamar calidad o un proceso judicial contra responsables y a la vez irresponsables.

Quien dude aún sobre este alambique pernicioso de tráfico de influencias y chantajes a cambio de votos pactados tiene a la vista la absurda piñata de Q3 mil 190 millones en fondos trasladados por voto de la alianza oficialista del Congreso de la República al Ministerio de Comunicaciones, cuyo titular confesó que tal botín era una imposición de diputados, sin consensos ni fundamentos técnicos ni prioridades estratégicas. No hay que tener más de dos dedos de frente para atisbar el objetivo de dicho despropósito: la construcción o reparación de obra vial con dinero público, para obtener ganancias y promocionarse para una eventual reelección.

Este coctel de intereses económicos y fidelidades compradas es un fuerte componente de la debacle vial del país: tramos a medias, puentes que demoran años en ser concluidos o rutas alternas que podrían ser claves en emergencias pero siguen siendo de terracería o totalmente intransitables para vehículos de carga.

Prensa Libre y Guatevisión presentan a partir de hoy a sus audiencias la serie Conectividad rota, un informe de cinco entregas, en sus plataformas impresa, digital y televisada, acerca del recorrido efectuado por nuestros equipos en todas las rutas nacionales, a fin de contar con evidencia de primera mano acerca del estado real del acceso a todos los departamentos. Fueron miles de kilómetros recorridos, documentados y también sufridos. Son los caminos por los cuales los guatemaltecos se ganan la vida, se trasladan a sus trabajos, transportan sus productos o acuden por ayuda a un centro asistencial.

Son los caminos que por estos días también recorren politiqueros oportunistas para visitar a sus “bases”, y una vez logrado el voto no los vuelven a ver sino hasta dentro de cuatro años. Claro, existen otras figuras que se mueven en helicóptero, financiado quién sabe cómo, y ni siquiera se dan cuenta de que hay un puente por caer, una carretera municipal a punto de hundirse o una ruta de alta importancia que sigue siendo casi un paso de herradura, pero sin duda lo adjudicarán a algún financista. La falta de visión se conjuga con la incapacidad o falta de criterio integral de sucesivas camadas de funcionarios a cargo de dependencias viales. Los ejemplos sobran: el fiasco de Petapilla, Chiquimula; la nunca terminada ruta de Guatemala a Salamá vía Las Canoas; la ausencia de un proyecto serio de anillo regional interdepartamental que contribuya efectivamente a la competitividad y el desarrollo del país. El propio presidente Giammattei Falla impidió la continuación de la ruta al Atlántico, única vía terrestre hacia ese extremo y cuyo tramo El Rancho-Río Hondo iba a ser donado por Taiwán. El 24 de enero de 2020 dijo que la obra iba “muy lenta” y que cambiaría el destino de la donación para ampliar hospitales. Hoy la obra sigue lenta y los hospitales también.