Clientelar e irresponsable es el aval de diputados de la denominada Comisión de Defensa del Congreso de la República a una iniciativa que pretende pagar Q4 mil millones a presuntos exmilitares que reclaman un supuesto resarcimiento por haber pertenecido a la institución armada durante el conflicto armado, finalizado hace más de 25 años. El Ministerio de la Defensa no tiene registros fiables y no existe manera de documentar la veracidad del reclutamiento, un factor que la propia iniciativa declara, con lo cual prácticamente se anula a sí misma por falta de certeza legal sobre el motivo reclamado.

No es la primera vez que surge una pretensión de este tipo, pero es sospechosa la oficiosa aprobación de la iniciativa de ley que, con todo y sus manifiestas ambigüedades e inconveniencias, podría ser puesta a discusión en el pleno. Parece una cábala oscura que tal despropósito trascienda justo en estos días, pues fue el 17 de junio de 2002, hace exactamente 20 años, cuando supuestos exintegrantes de las denominadas Patrullas de Autodefensa Civil bloquearon el aeropuerto de Petén para exigir un pago por sus “servicios a la patria”. En aquel tiempo los descontentos exigían Q20 mil por persona y ahora demandan hasta Q85 mil. La iniciativa de marras establece una arbitraria cifra de Q36 mil para un número indeterminado de beneficiarios, lo cual solo alimenta los motivos de reticencia.

Peor aún, tal pago se haría en pleno año electoral y ello termina de pintar de cuerpo completo la falta de escrúpulos de ponentes y valedores. No es difícil deducir que el objetivo primario es una compra de votos con dinero ajeno que obviamente se restaría de otros programas de desarrollo.

Para más afrenta contra los contribuyentes y la ciudadanía necesitada de mejor atención en salud, educación, combate de la pobreza y programas contra la desnutrición, la interesada norma recibió el engañoso nombre de “Ley temporal de desarrollo integral”, que de integral no tiene nada y de desarrollo menos. Como en el caso de los expatrulleros civiles, la bomba explota justo en la antesala de un proceso electoral que diputados del pacto oficialista buscan aprovechar para ser reelectos, a falta de méritos o logros.

Resulta lamentable que en lugar de impulsar iniciativas en favor de la transparencia del Estado, en lugar de demandar un uso eficiente de los recursos públicos, en vez de auditar efectivamente la ejecución de programas y servicios estatales, estos legisladores se dediquen a buscar un público cautivo para sus demagogias. Cabe recordar que fue en el final del nefasto gobierno de Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco que se decretó un pago para los expatrulleros, con la clara intención de trasladar el rédito político a las aspiraciones oficialistas. Fue un fracaso porque la ciudadanía en pleno rechazó la corrupción y las pretensiones continuistas. En posteriores gobiernos se volvió a apostar a estos clientelismos que invocan un supuesto servicio patriótico como excusa para amenazar con bloqueos y violencia, con lo cual todo se torna en una simple extorsión.

Todavía están frescas en la mente de los guatemaltecos las dantescas imágenes del Martes Negro, 19 de octubre de 2021, cuando turbas de supuestos exmilitares invadieron el área de parqueo del propio Congreso de la República, incendiaron vehículos, agredieron a policías y atacaron a periodistas para exigir dinero. Premiar esos vandalismos, contra los cuales el Ministerio Público jamás actuó, sería un nefasto precedente.