La advertencia de la Contraloría General de Cuentas es clara, detallada y oportuna. Los vacíos y peculiaridades del procedimiento en la licitación de un rompeolas para la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) exhiben vicios intolerables. Las sospechosas coincidencias de una extensión de plazo que permitió concursar justo a la empresa a la cual se adjudicó el proyecto generan suspicacias que deben desvanecerse en su totalidad, con un nuevo concurso, antes de erogar tan voluminosa inversión. Es mejor repetir y transparentar una licitación que perdió su confiabilidad, que empeñarse en apachar los clavos con tácticas maquiavélicas.

Es una torpeza burocrática y un mal indicio el hecho de que la autoridad de la EPQ no sepa responder o aparente no tener todos los datos del proceso, como adujo al ser cuestionado en una citación parlamentaria. Peor aún es la falta de contrición para decir que el proyecto continúa pese a las objeciones evidenciadas hasta la fecha: hay fallas en la constancia de visita de la obra, vacíos en el cronograma del proceso e incumplimiento a la normativa legal para la apertura y evaluación de ofertas, todo lo cual apunta a un contrato con dedicatoria y no a un concurso transparente que también debió considerar la intervención de compañías extranjeras más experimentadas y regidas por acuerdos de calidad global.

Que esto ocurra en una entidad descentralizada designada por la Presidencia de la República pone en tela de juicio la afirmación que solía hacer durante su campaña el doctor Alejandro Giammattei, al decir que su gobierno no sería uno más. Más tiempo y costo de oportunidad se pierde en insistir sobre una decisión con tantos cuestionamientos.

Sin mayor dilación, la junta directiva de la EPQ debe dar marcha atrás, solventar los errores y comprometerse con una ejecución transparente. Cierto, el proyecto en mención es una obra urgente, tanto para proteger la dársena como para una potencial ampliación del Puerto Quetzal, el principal del país por el volumen de manejo de carga. Sin embargo, ni en nombre de la celeridad o de la competitividad se puede tolerar que pase a ser rompeolas a rompe reglas, puesto que se sentaría un pésimo precedente para ulteriores obras y para la supuesta lucha anticorrupción que pregona el Ejecutivo.

Demasiadas decepciones y fiascos ha padecido Guatemala tan solo en la última década como para hacerla vulnerable a sufrir uno más a causa de la precipitación. Cabe recordar la adjudicación de la ruta sur a Odebrecht, el caso TCQ, la ilusoria limpieza del lago de Amatitlán o el fraude del libramiento de Chimaltenango.

Son demasiado fuertes ya las versiones de supuestos amiguismos, abiertos conflictos de interés o intervención de allegados tras bambalinas para esta adjudicación. Deben ser desmentidos de inmediato con hechos y no con excusas. En todo caso, si se insiste en proseguir atropelladamente, no solo se pone en riesgo las finanzas de la EPQ, sino que el asunto podría tomar otro cariz más adelante, puesto que las evidencias comienzan a concentrarse en el caldo de cultivo de un potencial escándalo. Y de llegar a ser ese el caso, ni siquiera contar con cortes proclives sería suficiente para evitar que los involucrados, por obra, omisión o intromisión, rindan cuentas a la justicia. Si el proyecto de rompeolas es legítimo, prioritario y estratégico, este es el momento de hacerlo de la manera correcta.