Como falta de tino se puede calificar la improvisada e innecesaria mención presidencial del coyotaje y el tráfico de personas, el viernes último, durante el acto póstumo de entrega de los restos de 16 migrantes guatemaltecos masacrados en Tamaulipas a sus dolientes familias. Se debía consolar a los deudos, expresar empatía, condolerse sinceramente del más reciente ultraje en contra de personas indefensas que simplemente anhelaban un futuro distinto aunque fuera lejos de sus hogares.

El silencio bastaba, porque todas esas historias truncadas entremezclan indistintamente la amargura de la precariedad, la desesperación por encontrar una oportunidad laboral y la tormentosa imposibilidad de hallar consuelo en el Estado para suplir necesidades básicas, tal el caso de Santa Cristina García Pérez, de 20 años, quien trabajaba en servicios domésticos, pero que decidió marcharse al norte para reunir dinero y ayudar a operar a su hermanita Ángela, de 1 año y 8 meses, quien padece de labio leporino, una intervención quirúrgica que debió ser oportuna, gratuita y de calidad en el sistema de Salud.

Mientras los gobiernos insistan en esconderse debajo de excusas sistémicas, en argüir repetitivos soliloquios defensivos y en responder a las críticas con intolerancia y enojo, el éxodo continuará. La negación solo refleja resistencia a la renovación. La prueba está no solo en Guatemala, sino también en Honduras, El Salvador y Nicaragua. En el Triángulo Norte, las opciones de desarrollo se han visto limitadas por la falta de planes de Estado, por la discontinuidad de programas, por el fomento del clientelismo a escala municipal y la sustitución de camarillas burocráticas de allegados en cada período gubernamental.

Cierto es que existen mafias de trata que lucran con la pobreza de otros. Hacen dinero al trasladar grupos de personas a un destino incierto. Las familias se endeudan, hipotecan terrenos y hacen grandes sacrificios para que uno de sus integrantes se vaya lejos. Lo hacen obligados por la violencia, por la necesidad, por la impotencia. A estas alturas, ¿quién recuerda a Claudia Gómez, la joven quetzalteca asesinada por un guardia migratorio en el 2018? ¿Quién se acuerda de Jakelin Caal, la niña fallecida por deshidratación en un centro de detención fronteriza de EE. UU. el 8 de diciembre, o de Felipe Gómez Alonzo, de 8 años, quien murió la noche de Navidad de aquel año?

La pandemia agravó las angustias en muchas comunidades, sobre todo aquellas que dependen del turismo para la generación de empleos directos e indirectos. Pero también hay problemas preexistentes que no han sido atendidos. No existen planes de gran alcance para capacitar a jóvenes en el dominio del idioma inglés, no hay proyectos serios de nutrición sostenida desde la ventana de los mil días y no hay visos de suprimir toda una gama de rubros suntuarios que consumen recursos del Estado. Tampoco hay visos de mejora en el Consejo Nacional de Atención al Migrante.

El esfuerzo de nación debe concentrarse en reducir las causas de la migración. Por ejemplo, la primera labor del así denominado Comité para la Protección de la Vida y la Familia, recién anunciado, no debería ser impulsar moralinas, exacerbar divisiones ni dirigir agendas sectarias, sino enfocarse en prevenir que más familias tengan que dividirse a causa de la migración, crear programas funcionales para salvaguardar las vidas de niños y jóvenes, en mejorar las condiciones de vida de las familias afectadas por desastres naturales, como los de Quejá y Carchá, que hoy por hoy están abandonadas.