La más reciente disposición del Ministerio de Educación no solo parece poco meditada sino que denota improvisación, más atribuible a diletantes en la materia que a especialistas en Pedagogía. La ocurrencia de endosarles a los graduandos la tarea de nivelar a niños de primaria en Matemática y Escritura como requisito para optar a un título de diversificado parece sacada de una lluvia de ideas, que a primera vista podría sonar creativa e incluso podría intentar venderse como innovadora, de no ser porque ya se intentó un despropósito similar hace 20 años, cuando se intentó convertir a estudiantes en alfabetizadores como condición para graduarse, con resultados magros.

Para empezar, la responsabilidad de los rendimientos del aula primaria pública recae sobre los maestros y, por ende, la exigencia de mejora consistente y esfuerzo adicional en la enseñanza debe ser parte de los requerimientos del sector oficial. No lo está porque la ministra de Educación, Claudia Ruiz, urdió y firmó a escondidas un pacto, repleto de concesiones económicas sin exigencia, con el sindicalista Joviel Acevedo. Son los docentes los llamados a asumir el papel histórico que reivindican cada 25 de junio y en cada manifestación a la que son convocados.

Por otra parte, ¿quién dice que adolescentes de 17 a 20 años que han pasado los últimos dos con clases a distancia, al igual que los escolares, están en capacidad de revertir los malos resultados en Matemática y Lenguaje, si ellos mismos pueden encontrarse en una situación similar? Hace apenas tres semanas se divulgaba la evaluación de esas materias en los egresados de diversificado: solo uno de cada cinco superó la prueba numérica y tres de cinco, la de Lectura.

Si no fuera porque ya se publicó el decreto de la medida de marras, podría parecer que se trata de una broma de mal gusto o de una ocurrencia que no debió pasar ni el primer filtro crítico, pero la disposición existe y de ella depende la mejora del aprendizaje de miles de niños. A todas luces se trata de un experimento cuyo mayor cuestionamiento ético radica en las vidas y futuros que están en juego.

Ya que hablamos en términos docentes, vamos a decir que se trata de un experimento con demasiadas variables fuera de control, toda vez que hay muchas preguntas abiertas sobre las condiciones de este ensayo imprudente: ¿En dónde se desarrollarán las “clases” de nivelación? ¿Quién capacitará a estos jóvenes para tan grave misión? ¿Quién financiará los gastos en que deban incurrir los escolares y los tutores? ¿Quién evaluará los resultados de las “horas” de tutoría? ¿el mismo docente que no tuvo las condiciones, capacidades o tiempos para lograr el aprendizaje? ¿Cuáles serán los criterios para medir la efectividad del “ejercicio” de los graduandos, que en su mayoría no son de la carrera de Magisterio?

La máxima contradicción: prácticamente ningún graduado universitario de Magisterio ha sido contratado por el Mineduc, que prioriza a los candidatos apadrinados por Acevedo o recomendados por funcionarios que solo alimentan el vórtice de los clientelismos, tal el caso del diputado Boris España, a quien maestros contratados en Chiquimula agradecen, a través de redes sociales, sus buenos oficios y con quienes el congresista, incluido en la lista de corruptos de EE. UU., se fotografía. Si el Mineduc tuviera un plan fundamentado contrataría a profesionales universitarios para nivelar a los niños, pero también para evaluar en serio a los maestros. Pero eso no es posible porque se firmó un pacto sin la debida comprensión lectora.